Martín Aguilar
En los juzgados cívicos de la Ciudad de México, las personas detenidas no son informadas sobre la posibilidad que tienen para defenderse, es decir que no se les orienta de su derecho a contar con un abogado.
Algunos de estos centros no permiten realizar una llamada telefónica a las personas arrestadas por incumplir la Ley de Cultura Cívica local, lo cual podría vulnerar sus derechos humanos, señaló el Informe Especial IE-05/2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) Sobre Juzgados Cívicos de la Ciudad de México.
El MNPT, adscrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), realizó visitas de supervisión a los juzgados cívicos de la CDMX, como parte del cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, firmado por México en 2003.
Las zonas visitadas fueron las destinadas a la privación de la libertad de personas por la comisión de infracciones administrativas, para verificar que cumplieran con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual busca que la justicia cívica tenga un enfoque restaurativo que facilite y mejore la convivencia en una comunidad.
En la visita a 19 juzgados cívicos, las 18 personas detenidas entrevistadas aseguraron no recibir información sobre la posibilidad de contar con la asistencia de una persona defensora, mientras las autoridades de los inmuebles dijeron lo contrario, aunque éstas no contaron con constancias documentales que comprobaran la veracidad de sus versiones.
También encontraron que sólo cinco de los 19 juzgados ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza cuentan con un área donde los detenidos pueden entrevistarse con una persona defensora.77
Jorge Chirino vivió esa falta de información hace cuatro años que fue detenido por conducir con aliento alcohólico, tras salir de un bar en la alcaldía Benito Juárez. Recuerda que lo atendió un médico legista horas después de la detención, lo que hizo que, al hacerle la prueba, ya saliera negativo; pero en el tiempo que esperó al médico no le informaron nada de sus derechos.
"Cuando cambió el turno, me dijeron que si les daba para el chesco me iba y les dije que mejor me dejaran hablar para que me llevaran dinero", expuso.
Caso de Jorge Chirino:
Hace cuatro años, Jorge Chirino fue detenido por conducir con aliento alcohólico tras salir de un bar en la alcaldía Benito Juárez. Durante su detención, fue atendido por un médico legista horas después, lo que resultó en una prueba negativa, pero no fue informado de sus derechos mientras esperaba.
El MNPT encontró que hay juzgados cívicos que no permitieron a los detenidos hacer una llamada telefónica, pese a ser su derecho. Hubo casos en que la llamada telefónica dependía de si el detenido tenía celular.
"De las 18 personas entrevistadas, cinco mencionaron que no se les permitió realizar una llamada telefónica, dos en el Juzgado Cívico CUH-08 y tres en el Centro de Sanciones Administrativas, testimonios que dan cuenta de que el riesgo de no acceder a la comunicación con el exterior subsiste; situación que a su vez podría incidir en el ejercicio de otras salvaguardias, como informar a una persona de confianza sobre su ubicación y acceder a servicios de representación jurídica", indica el informe.
Los criterios analizados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura establecen que la persona infractora tiene el derecho de notificar a un tercero sobre su detención y custodia policial. Para ello, la autoridad a cargo de los juzgados cívicos debe, desde el primer momento, facilitar el acceso a los medios necesarios para que la persona detenida tenga contacto con sus familiares o representantes legales.
Advierten que privar a la persona de todo contacto con el mundo exterior, en particular con médicos, abogados y familiares "puede incrementar el riesgo de que se cometan actos de maltrato y tortura".
La revisión se extendió al Centro de Sanciones Administrativas mejor conocido como "El torito". En este caso, encontraron que proveyó los medios necesarios para que los infractores cumplieran la sanción de arresto; no obstante, cuatro de nueve personas detenidas refirieron tener dos comidas en un día, en vez de tres.
"Existe el riesgo de que las personas pasen aproximadamente 18 horas sin ingesta de alimentos, lo que a su vez podría colocarlas en contextos de posible maltrato", determinó el Mecanismo.
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