Martín Aguilar
El Poder Judicial de la Ciudad de México dio el banderazo al inicio de vigencia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Federales en la capital del país, con el que el sistema judicial local prioriza la oralidad para hacer los juicios más rápidos, crea los expedientes electrónicos y permite la optimización de exhortos con jueces especializados en este rubro, entre otras novedades.
Durante la trasmisión del Programa La Voz Judicial, conducido por Rosalía Buaun y Lino Calderón, tuvieron de invitada a la magistrada, Yanet Karina Hernández Nicolás, del Poder Judicial de la CDMX
Hernández Nicolás señaló que desde que entró en vigor la primera de tres fases para la aplicación del Código, que consiste en la implementación de expedientes electrónicos para juicios hipotecarios y arrendamientos inmobiliarios (materia civil); y para juicios por alimentos, custodia y patria potestad (materia familiar). El expediente electrónico será el único medio válido para procedimientos judiciales.
Uno de los cambios para dar lugar al Código fue la desaparición de 24 juzgados civiles y 11 juzgados familiares, debido a que éstos eran para llevar el juicio de manera escrita, cuando el nuevo código establece que serán juicios orales. La ventaja de tener audiencias orales es que el proceso es más práctico para los involucrados, ya que evitan trámites que antes se hacían de manera escrita.
La Magistrada dijo que, para un mejor desempeño de los juzgados de proceso oral, operarán Unidades de Gestión Judicial, las cuales auxiliarán a los juzgados en la digitalización de documentos, en la remisión de expedientes al Archivo Judicial; y ayudarán a supervisar la adecuada, oportuna y eficientemente preparación de las salas de audiencia oral para llevar a cabo las audiencias programadas.
Una de las unidades de reciente creación es la Unidad de Gestión Judicial de Exhortos, creada a razón de que mucha de la carga de trabajo en los juzgados es la generación de estos documentos, que son comunicaciones escritas emitidas por los jueces para solicitar diligencias. En materia familiar, los exhortos ocupaban 32.3 por ciento de los asuntos; y en materia civil, 16.9 por ciento, aseveró.
La centralización de documentos en la Unidad de Exhortos permitirá que los jueces se concentren en la resolución de asuntos.
Aclaró que, durante el arranque de la vigencia del Código, el propio magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, señaló que la aplicación de éste permitirá la emisión de decisiones con un lenguaje sencillo y claro, lo que asegura transparencia, legalidad y seguridad de los involucrados.
Destacó que el sistema de justicia puesto en marcha hoy coloca a las personas en el centro de la impartición de justicia, "porque abre las puertas a ésta en condiciones de igualdad y no discriminación para todas las personas".
El magistrado presidente recordó que, bajo el nuevo modelo, hay una redistribución de las cargas de trabajo, además de que permite contar con personas juzgadoras especializadas en exhortos, en etapa postuladora, en un sistema de audiencias y en ejecución de sentencias.
Hernández Nicolás agregó que, adicional a esto, este advierte dos desafíos de relevancia para la implementación del Código Nacional. Uno de ellos es la armonización legislativa de al menos 29 ordenamientos que tendrán que ser modificados como consecuencia de su entrada en vigor. Como segundo aspecto, está la concreción de un sistema de apoyos para la toma de decisiones, ajustes a los procedimientos y para la accesibilidad, de forma que las personas puedan ejercer sus derechos sin discriminación, en particular el ejercicio pleno de la capacidad jurídica y el respeto a la vida independiente, de modo que no se reproduzcan esquemas de sustitución de la voluntad.
Por último, ante este gran cambio que también tiene por objetivo digitalizar buena parte del procedimiento y hacerlos más eficientes, por lo que hay que tomar como referencia los aprendizajes derivados de la implementación de la Reforma Penal de 2008. En ese sentido, considera que la puesta en marcha desde ahora de los cambios estructurales en los juzgados no es necesariamente una mala señal en tanto se salvaguarden los derechos de las personas de manera prioritaria y se prevea limitar impactos de escenarios complejos a través de medidas como el intercambio entre juzgados con experiencia en oralidad, práctica que ya se ha puesto en marcha.
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