Rebeca Marín
La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum facilita a las dependencias negar información a los ciudadanos, pues establece que será reservada toda aquella información referente a proyectos prioritarios, telecomunicaciones y que "comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social", advirtió el especialista Gabriel Espinoza.
En entrevista con El Sol de México, Espinoza calificó como un retroceso incluir la preservación de la paz social como una causa para reservar información al no precisarse qué se va a entender con ese término y advirtió que el gobierno podría alegar, por ejemplo, que entregar la declaración patrimonial de algún funcionario o la licitación de algún contrato podría comprometer la paz pública y negarse a entregarla.
"Los supuestos de reserva se amplían, por ejemplo tenemos en la fracción primera el supuesto de la seguridad y ahora se le incorpora en ese mismo supuesto el término de paz social (...) que tendría que precisarse qué vamos a entender por paz social (....) También van a ser un supuesto de reserva todos estos casos de proyectos que se encuentren inscritos dentro de esos supuestos, proyectos prioritarios se les denomina ", indicó.
Otro caso que se agrega a los supuestos para reservar información es que "ponga en riesgo el funcionamiento o integridad de los sistemas tecnológico, energéticos, espaciales, satelitales, de telecomunicaciones o de defensa desarrollados, adquiridos u operados por el gobierno federal de forma directa o indirecta, así como instalaciones, infraestructuras, proyectos, planes o servicios de protección estratégicos, prioritarios o de defensa".
Además, dijo que al ser los Órganos Internos de Control de las dependencias los encargados de atender las solicitudes de información, habrá un conflicto de interés porque serán juez y parte, lo que dijo se convertirá en un incentivo para negar información.
"(Con la nueva ley) hay incentivos también para los sujetos obligados, para las autoridades para negar con mayor facilidad el acceso a información, porque hay un conflicto de interés en estricto sentido, a fin de cuentas el Órgano interno de Control por más que sea un Órgano Interno de Control forma parte del mismo hábitat, de la misma naturaleza del propio sujeto obligado, entonces es más fácil que se alineen los intereses para no dar a conocer determinada información", dijo.
El especialista agregó que la nueva Ley de Transparencia provocará un aumento de negativas de información, lo que dijo podría desincentivar a los ciudadanos a ejercer su derecho de acceso a la información.
Otras consecuencias, agregó el especialista, de la nueva Ley de Transparencia serán la confusión sobre qué autoridad va a garantizar el derecho a la información y un posible uso político del Órgano administrativo descentralizado Transparencia para el Pueblo, que resolverá recursos de inconformidad cuando los estados nieguen información.
El Senado de la República discutirá en las próximas semanas las iniciativas de la presidenta en materia de transparencia.
Y es que de acuerdo con las iniciativas, Transparencia para el Pueblo se encargará de resolver los recursos de revisión ante la negativa del gobierno federal y sus secretarías y órganos desconcentrados de entregar información pública, así como resolver recursos de inconformidad contra resoluciones emitidas por las autoridades garantes de las entidades federativas con recursos distintos a los federales.
En total, serán ocho autoridades los que resolverán los recursos de revisión, en lugar del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que desapareció con la reforma en materia de simplificación administrativa, cada uno de acuerdo a la dependencia a la que el ciudadano solicite información y ésta le sea negada.
Así también, se mantiene el juicio de amparo como un medio de impugnación de las resoluciones a los recursos de revisión o de los recursos de inconformidad, los cuales serán resueltos por jueces y tribunales especializados en la materia, que determine el Poder Judicial.
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