Fwd: Aprueban en comisiones impedir que juzgadores se amparen ante sanciones del Tribunal de Disciplina Judicial

Martín Aguilar

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido, hasta las 20 horas de este 18 de febrero, 222 solicitudes de ratificación de renuncias de personas aspirantes a un cargo en la elección judicial, con base en las que actualizará el listado de candidaturas publicado en página web de la autoridad electoral.

 

El INE informó que a partir de hoy recibirá las 24 horas del día en la Oficialía de Partes de sus 300 Juntas Distritales, 32 Juntas Locales y Oficinas Centrales, las solicitudes de ratificación de renuncia de personas aspirantes a un cargo judicial, o cualquier otra solicitud al respecto.

 

Entre las personas que han presentado su solicitud de ratificación de renuncia se encuentra Gabriela Villafuerte Coello, exmagistrada de la extinta Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quién resultó insaculada para el cargo de magistrada de la Sala Superior del TEPJF.

 

"Les comparto que en cumplimiento al oficio que adjunto, acudí a las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del @INEMexico a ratificar mi decisión de apartarme de la contienda a una magistratura en la Sala Superior del @TEPJF_ informa Gracias infinitas a todo el personal del #INE por sus atenciones y les felicito por el gran trabajo que desarrollan para llevar a buen puerto esta elección extraordinaria", comunicó hoy la exmagistrada.

 

En un mensaje del 13 de febrero, Villafuerte Coello explicó que su decisión obedece a que el Comité de Evaluación del Poder Judicial determinó no avalar ninguna candidatura, en acatamiento a las suspensiones dictadas por jueces.

 

"Por tal motivo me parece un despropósito y un acto de inconsistencia e incongruencia personal y profesional continuar e una contienda en donde mi candidatura carece, en mi opinión, de sustento constitucional", indicó.

 

Talleres Gráficos de México prevé arrancar el 20 de febrero la impresión de las 600 millones de boletas que serán utilizadas para la elección judicial del 1 de junio, por lo que el INE trabaja a contrarreloj para tener las listas finales.

 

El legislador emecista advirtió dos problemáticas con la Ley de Amparo: la causal de improcedencia absoluta para que proceda el juicio de amparo contra decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial y contra decisiones del Órgano de Administración, y quitar los efectos generales cuando se trata de suspensiones en materia de amparo, lo que acusó que va en contra de toda la tradición de la izquierda.

 

"La jurisprudencia de la SCJN que hoy sigue vigente ha establecido que la Ley de Amparo no puede reducir causales de procedencia que la propia constitución no establece, y aunque la Constitución si dice que no proceden recursos contra las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial no dice lo mismo respecto del Órgano de Administración", indicó. 

 

En el artículo 64 de la Ley Reglamentaria del 105, en materia de supremacía constitucional, se establece que "tratándose de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada".

 

En cuanto a las reformas a la Ley de Amparo, se establece que "tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales".

 

El diputado Arturo Yáñez Cuéllar, del PRI, dijo que la reforma a la Ley de Amparo afectará principalmente a las personas de escasos recursos, pues se quita al juicio de amparo los efectos generales

 

"Ahora con esta nueva reforma lo que sucederá es que quien tenga dinero para promover un amparo a través de un abogado lo hará y se declarará inconstitucionalidad, y los efectos sólo beneficiarán a quien promovió el amparo y no a todos, por lo tanto quienes más sufrirán esto, sin duda, serán los más pobres y los que tengan condiciones económicas difíciles", dijo. 

 

La diputada Margarita Zavala, del PAN, insistió "obligan a millones de pobres a ampararse personalmente y no a recibir los efectos generales del juicio de amparo

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