Rebeca Marín
Con el objetivo de combatir frontalmente los fraudes inmobiliarios, delito en contra del derecho de adquirir una vivienda digna, en el Congreso de la Ciudad de México es objeto de análisis la iniciativa dirigida a agravar este ilícito con una reforma al código penal local, que castigue a los infractores con sanciones de hasta 11 años de prisión.
La iniciativa la presentó en su momento la presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del recinto de Donceles y Allende, diputada morenista Ana Luisa Buendía García, quien pugnó por agravar las penas de ese delito que ha aumentado en 70 por ciento en el último año.
Resulta que con el apoyo de la bancada de Morena la representante popular calificó de conveniente el incrementar la pena de seis a 11 años de prisión a quienes cometan fraudes inmobiliarios, porque es un delito en contra del derecho a adquirir una vivienda digna que crece de manera alarmante.
Así, en el marco de la cruzada emprendida por Morena contra los fraudes inmobiliarios y el llamado Cartel Inmobiliario, Buendía García se pronunció a favor de agravar las penas contra este ilícito con una reforma al Código Penal local.
Expuso que el acceso a una vivienda digna se ha vuelto un desafío por el encarecimiento del mercado inmobiliario y otros factores, incluyendo la alta demanda de propiedades, la limitada oferta de terrenos y la especulación inmobiliaria.
Alertó que, como resultado de ello, los precios de las viviendas han aumentado significativamente y, se han propiciado delitos, con el ofrecimiento de propiedades en venta o alquiler a precios sorprendentemente bajos
.La diputada local acotó que estos fraudes se facilitan con otros delitos conexos, como la suplantación de identidad y también que los delincuentes usan tecnologías para crear documentos falsos y hacerse pasar por propietarios legítimos.
Es un hecho que a este panorama se suman los remates bancarios, mediante empresas fraudulentas anuncian inmuebles a precios atractivos para atraer a compradores incautos, a quienes solicitan un adelanto o incluso el pago total de la propiedad sin que los compraY es que, los estafadores utilizan plataformas digitales para ofrecer propiedades ficticias a precios atractivos, engañando a los compradores con documentos falsificados y promesas falsas, y desde luego, consideramos que la falta de regulación en el sector y la crecente confianza en las transacciones en línea han contribuido a este aumento impresionante de fraudes.
"Recientemente se presentó un caso alarmante de fraude inmobiliario, donde 'Diana y su esposo' soñaban con comprar una casa y fueron víctimas de estafadores que les ofrecieron un remate bancario. Les pidieron un adelanto de 250 mil pesos, pero nunca recibieron ni la propiedad ni la devolución del dinero. Este hecho se remonta a 2019 y hasta la fecha sigue sin solución".
Mediante la iniciativa se propone adicionar una fracción XVII al artículo 231 del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de fraude. Esta adición penalizará de 6 a 11 años de prisión o de acuerdo al valor de lo defraudado en el artículo 230, para establecer que, con la intención de obtener un beneficio económico indebido, engañe, simule, manipule, venda o pretenda hacerlo, o induzca al error a otra persona respecto a la existencia, condiciones, valor o derechos sobre inmuebles ofrecidos en subasta o remate por instituciones bancarias o financieras.
A la propuesta se suscribieron las diputadas Diana Barragán, Rosario Morales, Judith Venegas, Erika Rosales, Diana Sánchez y Claudia Ramos, así como el diputado Israel Moreno.
Buendía García informó que, de acuerdo con reportes de medios de comunicación, los intentos de fraude inmobiliario en línea han aumentado 70 por ciento tan solo en 2024.
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