Rebeca Marín
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que obliga a Luis Enrique Arvizu Romano a pagar 230 millones de pesos por el daño al erario provocado durante la construcción de la "Estela de Luz". Este fallo se deriva de las irregularidades detectadas en la ejecución de la obra emblemática, que se llevó a cabo en el sexenio de Felipe Calderón.
En octubre de 2022, el TFJA dictó que Arvizu Romano, exgerente de estudios de la "Estela de Luz", debía resarcir el daño financiero causado al erario público. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó diversas irregularidades en los costos de la obra, que incluyeron pagos excesivos por materiales como el acero inoxidable y otros gastos inflados, que no se ajustaban al precio establecido originalmente.
El proyecto de la "Estela de Luz", que originalmente tenía un presupuesto de 393.5 millones de pesos, terminó costando más de mil millones, lo que representó un incremento significativo en los costos. Además, se identificaron pagos en exceso por los kilogramos de acero inoxidable y los conceptos de transporte y montaje. Estas irregularidades llevaron a la ASF a presentar varias denuncias por el daño al erario, que fueron admitidas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
La resolución del TFJA fue recurrida por Arvizu Romano, quien solicitó un amparo ante la SCJN. Sin embargo, la Primera Sala de la Corte desechó el recurso por unanimidad, ratificando así la sentencia del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que le negó la protección de la justicia. Con esta decisión, Arvizu está obligado a cubrir los 230 millones de pesos que se consideraron como el daño causado por los sobrecostos en la construcción.
El caso de la "Estela de Luz" es uno de los ejemplos más emblemáticos de irregularidades en proyectos públicos, que generaron un alto costo para el erario y que, después de años de investigaciones, están siendo judicializados. La decisión de la SCJN sienta un precedente en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos en la gestión de recursos destinados a obras públicas.
Con este fallo, se busca no solo resarcir el daño económico, sino también enviar un mensaje de que la justicia fiscal y administrativa será aplicada en casos de corrupción y manejo irresponsable de fondos públicos.
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