Martín Aguilar
Los legisladores locales que conforman la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México consideraron que la reciente aprobación de la mal llamada reforma al Poder Judicial, causará un daño irreparable para las libertades de los capitalinos, ante la falta de certeza de los personajes que podrán ser elegibles, su procedencia, pero sobre todo por las dudas en la autonomía de su actuar ante la necesidad de impartición de justicia en la metrópoli.
El coordinador de la diputación de MC, Royfid Torres González sostuvo que la democracia y la justicia no son absolutas, por lo que el argumento de un mejor Poder Judicial con la elección de quienes aspiran a los cargos de ministros y jueces es falso.
"No hay democracia sin justificación, ni justicia sin independencia, por ende, un sistema judicial verdaderamente democrático no se desprende de un proceso electoral. Sorprende que quienes tantas veces han denunciado fraude hoy sostienen que es la respuesta a un problema mayor: un sistema judicial fallido. Porque quiénes han estado en una situación jurídica, saben que en las cárceles y ministerios públicos reinan la corrupción y el acceso a la justicia no es rápida, ni expedita", declaró.
Refirió que datos del censo de justicia local y federal revelan que la cifra negra es de más del 92 por ciento y el personal de la fiscalía disminuyó en un siete por ciento, entre 2018 y 2022; con 2.9 millones pendientes a nivel nacional y es la capital del país la tercera.
Torres González añadió que el sistema a nivel nacional es inoperante, porque cuenta con un juez por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional sugiere sea de 18, además que en las cárceles del país cuatro de cada diez personas no tienen una sentencia y esos problemas no se resuelven con una elección.
"La reforma se enmarca en el contexto de decisiones paralelas que tienen por objetivo dar marcha atrás en una democracia más efectiva y de transparencia en el país. La propuesta que se aprobó, más allá de no estar de acuerdo con lo que implica, tiene varias omisiones, como la falta de consulta a los pueblos y barrios, a las personas indígenas y afromexicanas o con discapacidad, quienes verán limitados sus derechos. Como de costumbre no quieren que les digamos que la ley es la ley y, tristemente, así pretenden tener un mejor sistema de justicia, violando nuestras propias normas y avances en la materia", refirió.
En su momento, la congresista emecista Patricia Urriza Arellano calificó como regresiva la reforma que se emprendió, a la vez que lamentó el que no se hayan atendido los posibles impactos de una elección precipitada y con errores de procedimiento.
"Se trata de tener a las personas mejor seleccionadas posibles y si no lo hizo Morena es su responsabilidad de las afectaciones de cambio de sistema y el daño a las personas; se les acabaron los pretextos, porque ya no podrán acusar al Poder Judicial de la incapacidad para hacerlo. Un error, también, pues existen muchas personas popularmente electas que no son ni cercanas, ni empáticas con las causas de la gente y someter a la elección popular no garantiza nada de ello. Vamos a estar afectados los ciudadanos por la curva de aprendizaje de las personas al ingresar al poder judicial", enfatizó.
La diputada por Coyoacán agregó que las personas aspirantes a dichos cargos corren el riesgo de tener intereses económicos, políticos, sectoriales y los grupos de cada uno de ellos tendrán a los jueces politizados, además del nepotismo que existe en los poderes ejecutivo y legislativo.
"Si el voto fuera el antídoto para evitar la corrupción y el nepotismo, no existirían personajes como los Yunes, los Bartlett, los Bejarano y tenemos a familias enteras viviendo del sistema. Lo que sí lo garantiza es mediante el servicio profesional de carrera, con funcionarios públicos que entienden los problemas que viven los habitantes de la ciudad en temas como la custodia de los hijos, propiedades, libertades, entre otras", acotó.
La vicecoordinadora de la denominada bancada naranja, representante popular Luisa Ledesma Alpízar, acusó las omisiones en las que incurren quienes argumentan a favor de la reforma, porque no se percatan de los efectos negativos a corto, mediano y largo plazos, con decisiones que afectarán a las y los chilangos en su cotidianidad.
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