Margarita González Saravia cumplió 100 días al frente del gobierno de Morelos y confirmó lo que la vox populi ha repetido a lo largo de los últimos seis años: el saqueo y la corrupción en la gestión de Cuauhtémoc Blanco Bravo provocó un desfalco de dimensiones todavía no calculadas.
Las irregularidades, omisiones y desvíos durante el gobierno del exfutbolista alcanzaron las 17 secretarías y los 44 organismos paraestatales.
El sábado, la gobernadora morenista rindió un informe por sus primeros 100 días, en el que presentó un balance de mil acciones realizadas en ese periodo. Pero lo que se llevó la nota fue el anuncio de que el lunes daría santo y seña de las irregularidades encontradas, de la presentación de denuncias penales y de la apertura de procesos administrativos contra los funcionarios del pasado reciente.
El lunes, el consejero jurídico Edgar Maldonado y la contralora Alejandra Pani ofrecieron una rueda de prensa para comenzar a desgranar la información con la que ya cuentan.
En principio, ayer mismo presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos cuatro denuncias penales contra quien resulte responsable el desvío de 40 millones de pesos en cinco dependencias. Estas investigaciones y denuncias podrían alcanzar a quienes fueron sus titulares durante el sexenio 2018-2024.
Sin embargo, la corrupción comenzó en la propia gubernatura del estado, confirmó Pani, aunque no dio detalles de la investigación que sigue realizándose.
Le siguió la jefatura de la Oficina de la Gubernatura, Seguridad Pública, Bienestar y todas las demás secretarías. Pero también se cometieron actos que podrían tipificarse como delitos en los subsistemas educativos, en los organismos paraestatales, en los fideicomisos, en fin, por todos lados.
En estos ilícitos estarían involucradas también empresas de la entidad y otros estados. Algunas de ellas fueron creadas exprofeso para cometer los delitos y estarían involucrados familiares de Cuauhtémoc Blanco Bravo y Ulises Bravo Molina, su medio hermano y quien fue líder de Morena en la entidad.
Ayer mismo se dio a conocer una red de empresas que ofrecieron servicios de limpieza y logística por la vía del outsourcing a distintas secretarías y organismos, mismas que están interrelacionadas con distintas personas que tienen relación de parentesco o política con los hermanos Bravo.
En la conferencia de prensa de este lunes, los funcionarios advirtieron que los 40 millones de pesos que presentan irregularidades en este primer bloque revisado es apenas la punta del iceberg.
Por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) se encontró que exfuncionarios decidieron no entregar toneladas de fertilizante destinado a productores morelenses la temporada pasada, así que fue almacenado en bodegas junto con equipo y otros elementos de apoyo a los campesinos.
De hecho, una de las bodegas utilizados para esto fue encontrada en Puente de Ixtla, al sur de la entidad, luego de una denuncia anónima por la Fiscalía Anticorrupción. Ya existe una denuncia por estos hechos. La bodega en la que se observaron toneladas de fertilizantes, tinacos, equipo y más, es propiedad de los padres de quien fuera titular de la Sedagro en el gobierno de Blanco Bravo, Omar Taboada Nasser, quien incluso declinó presentarse al proceso de entrega-recepción. Ayer se informó que el desvío en este punto podría alcanzar los 10 millones de pesos sólo el año pasado.
En otro caso, el proyecto de remodelación del Mercado Adolfo López Mateos, ubicado en Cuernavaca, la central de abasto más importante de la entidad, registró irregularidades por un monto de 11 millones de pesos. En este caso, las dependencias involucradas son la Secretaría de Desarrollo Económico, así como la de Obras e Infraestructura y el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, mismo que se conforma en parte con el impuesto a la nómina que se cobra en la entidad.
La quinta dependencia involucrada en este primer bloque es el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq), en el que se detectaron irregularidades por 19 millones de pesos en la contratación de artistas que ofrecieron conciertos en un centro de presentaciones que se ubica en la zona de ese cuerpo de agua. Además, se habla aquí del pago de indemnizaciones irregulares a personas que trabajaron para el fideicomiso por un monto de 4 millones de pesos.
Sin embargo, el mayor escándalo ligado al Filateq fue la venta irregular de terrenos en los últimos meses del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, mismos que se encuentran ubicados alrededor del Lago de Tequesquitengo, donde la plusvalía es de las más altas de la zona y cuyos terrenos fueron malbaratados entre funcionarios, exfuncionarios, magistrados y hasta diputados locales.
Por ejemplo, la exsecretaria de Administración del anterior gobierno, Sandra Anaya, quien aspiró a ser candidata a la gubernatura y alcanzó una diputación federal, admitió en octubre pasado que adquirió cuatro de estos terrenos a través del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno, con una extensión de 200 metros cada uno, mismos que tendrían un valor millonario y por los cuales la ahora diputada pagó 120 mil pesos por cada uno, según la información disponible.
Incluso, la exfuncionaria lo admitió abiertamente y aseguró que ella es empresaria, es heredera de una de las cadenas de restaurantes de mariscos y comida del mar más importantes de la zona metropolitana, con siete u ocho establecimientos. "A mí me alcanza para eso y un poco más", soltó a la prensa en octubre pasado, cuando se hizo público que ella formaba parte del grupo de beneficiados. El problema no sólo es el posible tráfico de influencias, también la venta malbaratada causo un enorme daño al erario, según confirma el gobierno del estado.
Frente a este tema, el consejero jurídico del gobierno actual, Edgar Maldonado, dijo hasta en tres ocasiones este lunes que esperan que aquellos funcionarios que compraron terrenos los devuelvan antes de que comiencen los procesos en su contra. "Hacemos un llamado a los exfuncionarios que compraron lotes en el Lago de Tequesquitengo a que los devuelvan antes de que presentemos las denuncias", dijo Maldonado.
La contralora Alejandra Pani dijo que actualmente existen 14 denuncias presentadas ante distintas instancias en contra de exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), mismas que siguen su curso. Y que el gobierno de Blanco Bravo dejó "en el cajón" 23 denuncias con todos los elementos, listas para ser presentadas ante distintas instancias, pero que por alguna razón no fueron remitidas a la autoridad competente. La contralora dijo que la gobernadora actual instruyó para que se revisen y se les dé el curso correspondiente. "También encontramos denuncias que estaban en el cajón, vamos a decirle así, el día de hoy tenemos cerca de 23 ya con pruebas para remitirlas a la autoridad competente", dijo.
Otros procesos que se abrirán en breve retomarán presuntas irregularidades en contra de exfuncionarios del gobierno anterior de la Comisión Estatal del Agua, de los Servicios de Salud de Morelos, de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura (que en el gobierno anterior tuvo un presupuesto millonario), la Secretaría de Hacienda, la de Administración, la de Bienestar, en fin, todas.
Por lo pronto este lunes se presentaron las primeras cuatro denuncias penales y dos administrativas por las irregularidades encontradas en apenas cinco de las 61 dependencias y organismos que componen la administración estatal, entre secretarías de despacho e institutos paraestatales y fideicomisos.
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