A tres semanas de la farsa que armaron en Donceles para imponer a Bertha Alcalde como fiscal de la Ciudad de México, el gobierno capitalino y sus diputados organizan en fast track un nuevo proceso para designar a quienes serán candidatos a jueces y magistrados en la capital del país.
Tanto el gobierno de la ciudad como el Congreso local dieron a conocer los nombres de quienes integran sus respectivos comités de evaluación, que analizarán los perfiles de los aspirantes, a fin de garantizar que cumplan con los requisitos de idoneidad.
Traducción: buscan legitimar la imposición de los amigos del sistema en el Poder Judicial de la capital, que serán cuotas de los grupos políticos —como se ha hecho siempre—, con la diferencia de que ahora se sustituirán a varios de un solo jalón.
Nadie se espanta de que políticos aprovechen sus posiciones para apadrinar futuros jueces o magistrados, pues la aprobación de esos cargos siempre ha estado en las manos de los legisladores.
No es que esté bien, desde luego, pero al menos no se necesitaba tanta pantomima para burlarse de los ciudadanos; se imponían y ya.
Hoy, el oficialismo destina millones para una elección evidentemente amañada, en la cual sólo los candidatos que puedan acarrear votantes a las urnas el próximo uno de junio, tendrán algún chance de ganar.
Es claro que no llegarán los más capaces ni los más honestos, sino quienes cuenten con el apoyo de los partidos políticos. Porque el grueso de la población no le entiende al tema, no conoce a los candidatos y no le interesa el proceso.
Seguramente muy pocos ciudadanos saben que en junio se elegirán 95 jueces, y que cada boleta traerá el nombre de siete candidatos, que seguramente les serán desconocidos. A eso hay que sumar 33 magistrados, que será una boleta más con otros siete nombres.
No será todo, también se elegirán cinco magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, con diez nombres en otra boleta. En todos los casos, la mayoría deberán ser mujeres, y seguramente muy pocos pueden diferenciar entre un juez y un magistrado; mucho menos conocer sus perfiles.
Si van a ser impuestos por el gobierno, como siempre, para qué tanto tango y tiradero de recursos. Saldrá muy cara la farsa oficialista para legitimar la integración de un nuevo Poder Judicial del pueblo.
Como quiera, desde ayer está en marcha el periodo de inscripción de aspirantes, que concluirá el 31 de este mes. Del 1 al 25 de febrero serán evaluados por cada comité, y al día siguiente sus nombres serán insaculados —o sea elegidos por tómbola— para integrar las listas definitivas.
Los listados serán enviados por los diputados el 28 de febrero al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que sus candidaturas sean debidamente registradas.
¿Qué podría salir mal, si la creación de los comités de evaluación se armó en fast track, y sus integrantes se pusieron a chambear de inmediato, sin importar si tienen otros trabajos; el cargo es honorario?
Más vale que se apuren, pues aún hay que imprimir las boletas para junio.
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