Rebeca Marín
Los candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México coincidieron en que la capital del país ha sido referente a nivel nacional e internacional en la protección de la ciudadanía, por lo que se comprometieron a poner todo de su parte para mantener este perfil.
Adonaí Carreón Estrada mencionó que el país se ha mostrado como una nación pionera en la materia, por lo que es necesario que haya un organismo independiente que contribuya a la modernización de los tipos penales para contribuir a que la CDMX mantenga la insignia.
En su mensaje, recalcó que para ello también se requiere hacer uso de las nuevas tecnologías, incorporar un enfoque de derechos humanos, involucrar a la academia y a la sociedad civil para lograr una visión más enriquecedora, construir un sistema más transparente y robustecer algunas penas para prevenir delitos.
Por su parte, Antonio Velasco Arguello, señaló que su ensayo está enfocado en que la CDMX sea un referente nacional a partir de la ardua labor que plantea para el organismo que busca encabezar. Recalcó que para ello es urgente que los servidores públicos estén capacitados en el derecho administrativo, tecnologías de la información, así como mantener el respeto a los derechos humanos.
Reveló que es urgente revisar el marco normativo con la cual se rige la Fiscalía para que se armonice con los demás entes encargados de brindar justicia. Asimismo, reconoció que es necesario hacer un análisis para conocer todos los recursos con los que se cuenta y generar un software que permita crear un plan de trabajo en la información y, en caso de cambiar de administración, no perder esos datos.
Para finalizar, José Gerardo Huerta Alcalá señaló que para la verdadera ejemplificación de la democracia se requiere de un sistema libre de corrupción. Es por ello que propuso una fiscalía autónoma, pero colaborativa, en la que impere el derecho a la libertad y el combate a la delincuencia.
Ante ello, recomendó dar cuenta de los cimientos, lograr la apertura de los datos públicos, fortalecer el estado de derecho a través de la imparcialidad y trabajar de manera coordinada para facilitar la atención a los casos.
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