Rebeca Marín
A trabajo igual corresponde salario igual, sin distinción de sexo, género ni nacionalidad, y ordena a leyes secundarias desarrollar mecanismos concretos para reducir y erradicar la brecha salarial de género. Este avance legislativo representa un paso hacia la consolidación de un entorno laboral más justo y equitativo para las mujeres en México, elogió la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México.
Celebró la reforma constitucional publicada el pasado 15 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con la que se adicionó al Artículo 123.
En línea con dicha reforma, el 16 de diciembre de 2024, se publicaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, misma que definió la brecha salarial de género como aquella diferencia en la retribución económica entre mujeres y hombres basada en razones de género, aun cuando el trabajo realizado tenga un valor equivalente.
El organismo defensor de derechos humanos, resaltó que de acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género 2024, elaborado por el Foro Económico Mundial, México ocupa el puesto 33 de 146 países evaluados y el séptimo lugar entre 22 naciones de América Latina y El Caribe en materia de igualdad de género en distintos ámbitos, incluida la participación de las mujeres en la actividad económica.
Dicho subíndice evalúa aspectos como la inclusión de las mujeres en el sector privado, los niveles jerárquicos que alcanzan y las condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo, incluidas las disparidades salariales.
En este último rubro, que mide la brecha de ingresos por género, México ocupa el lugar 119 de 146 países, lo que coloca al país por debajo de la media mundial.
Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha documentado que en el país por cada 100 pesos que ingresa un hombre, una mujer gana solo 86 pesos por trabajo igual, lo que refleja una profunda inequidad en el acceso a un salario justo por igual trabajo.
Estas reformas establecen que el cumplimiento de la igualdad salarial debe ser respaldado por acciones estatales destinadas a promover un entorno laboral más justo e inclusivo para todas las personas, lo que adquiere aún mayor relevancia con la creación de la Secretaría de las Mujeres a partir del 1° de enero, cuyo enfoque será clave para impulsar políticas públicas orientadas a la equidad de género en el ámbito laboral y social.
Es importante resaltar que a la par de los avances legislativos -que son un paso importante hacia la reducción de las desigualdades de género, particularmente en el ámbito laboral- se requiere avanzar de manera integral a fomentar la participación de las mujeres en todos los sectores.
Esto incluye, entre otras medidas, una distribución equitativa de las responsabilidades de cuidado, más aún ante la realidad en la que las mujeres destinan el doble de horas que los hombres a los cuidados no remunerados.
Es necesario garantizar la implementación efectiva de las reformas y asegurar que todos los sectores de la sociedad, incluidas las empresas, se obliguen a adoptar prácticas de igualdad salarial y a participar activamente en la creación de políticas que garanticen los derechos de las mujeres.
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