Rebeca Marín
En la mesa de trabajo que tuvo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, en la que dio cuenta que de 2019 a la fecha han disminuido en un 52.6 por ciento los delitos de alto impacto, con un homicidio doloso que bajó 45.6, en tanto que los robos en diversas modalidades 39.4, el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Ulises Lara López, requirió para el ejercicio fiscal de 2025 un incremento al presupuesto del organismo de 6.3 por ciento.
Durante su participación inicial en el salón Heberto Castillo del recinto de Donceles y Allende confirmó que 96 servidores públicos han sido destituidos, 57 suspendidos y a 20 se les aplicaron amonestaciones, mientras que por lo que hace a los recursos para el año venidero, expuso que para 2025 se trabajará en la consolidación de la transformación de la dependencia.
En ese contexto, el funcionario aseguró que se colocará a las víctimas al centro de las acciones y se logrará un verdadero acceso a la justicia.
Asimismo, el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que para el presente año el presupuesto del organismo autónomo fue de 8 mil 330 millones de pesos, y al 31 de octubre se tiene un avance de 5 mil millones 865 mil pesos, con un comprometido de 98.94 por ciento del modificado, por lo que no se tendrán subejercicios.
Informó que para el ejercicio presupuestal 2025 se tiene una proyección de 8 mil 855 millones de pesos, lo que significa un incremento del 6.3 por ciento, debido a la inflación que se prevé para el próximo año, las previsiones de gasto por percepciones de la plantilla, el incremento salarial, la actualización de estímulos de profesionalización y la disponibilidad en el servicio.
Al abordar diversos temas en la reunión de trabajo con los congresistas de la comisión que preside la diputada de Morena Valentina Batres Guadarrama, indicó que entre las prioridades que se atenderán con este recurso, están el banco de ADN, la creación de la Fiscalía Especializada en Extorsión, atender la presión en la formación de unidades de gestión debido a la reforma del Código Civil.
De igual forma, considerar personal especializado para unidad de contexto biopsicosocial y la de medidas cautelares; fortalecer las audiencias, así como la atención de búsqueda de personas desaparecidas y formación policiaca.
Con la presencia de representantes populares de seis de las nueve fracciones y asociaciones parlamentarias, faltaron los de las bancadas del PT, PRI y PRD, confirmó que mediante una administración eficiente y una atención integral se ha beneficiado a cerca de 200 mil 302 víctimas.
Se han recibido 188 mil carpetas de investigación, con 26 mil 368 vía plataforma digital; y se han disminuido en un 52.6 por ciento los delitos de alto impacto, y en 39.4 por ciento el total de robos. Además, se cumplimentaron cuatro mil 691 mandamientos judiciales; se ejecutaron 627 cateos y se detuvieron 526 objetivos prioritarios; también se disminuyó en un 38 por ciento las muertes violentas de mujeres y 22 por ciento la incidencia de feminicidio.
Lara López, aclaró una de las prioridades es el reforzar los esfuerzos para fomentar las denuncias ciudadanas, para que los delitos cometidos no queden impunes.
Anunció que se dedicará una parte importante del presupuesto para la divulgación de la justicia como labor pedagógica, a fin de contribuir a la construcción de la paz entre las personas que habitan la capital.
Refrendó que se requiere dar continuidad a las capacitaciones otorgadas al personal en materia de derechos humanos y perspectiva de género, para brindar atención oportuna a cada caso que compete a la FGJ.
También abordó la necesidad de contratar personal especializado en psicológica y trabajo social, para acatar las obligaciones otorgadas por las recientes reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con ello se dará atención oportuna a la demanda real en estas materias.
El responsable de la Fiscalía General de Justicia que pronto será relevado al están para ello en marcha el proceso que lleva el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) de la Ciudad de México, solicitó a congresistas proponer ante las instancias competentes la homologación de criterios de actuación a escala metropolitana.
Fundamentó que las personas que cometen un delito suelen huir de la justicia yendo de un estado a otro; añadió que para evitar esto se requiere el apoyo de la tecnología, para garantizar que la seguridad de la ciudadanía sea una realidad en todo momento.
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