Carlos Medellín
La guerra entre El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como remanentes de grupos internos armados y del Cártel de los Zetas en los municipios del Sur de Chiapas, vienen aterrorizando y gobernando en complicidad de Militares permiten todo tipo de atrocidades en contra de la población.
Los habitantes de regiones completas del estado principalmente la zona sur y de la montaña Chiapaneca hacen un desesperado llamado a la Presidenta Claudia Sheimbaum para que actúe y retire del batallón 101 al coronel Aburto y al mayor Córdoba, protectores del Güero Pulseras líder del Cartel de Sinaloa.
Por ello diversas Organizaciones No Gubernamentales ya piden la intervención del gobierno federal para acabar con estos grupos delincuenciales que han venido azolando al país.
Hasta el momento se sabe que las regiones afectadas son: Sierra Chicomuselo, Jaltenango, Concordia, Siltepec, Honduras de la Sierra Montecristo; Porvenir, Motozintla, Belisario Domínguez, La grandeza , Bellavista y demás municipios aledaños y secuestrados por este grupo criminal y con ayuda del encargado del batallón Ejercito 101, de Chicomuselo, Coronel Aburto, junto con su mano derecha el mayor Córdoba quienes trabajaban junto con el Güero Pulseras y están matando y amenazando a la población para no acusarlos y robando casas y el ganado de la región.
Se sabe, Indican las ONGs que anteriormente, el Cartel de Sinaloa dominaba los municipios fronterizos del sur de Chiapas, pero el CJNG ha disputado el poder de su rival desde 2021 con el objetivo de obtener el control sobre las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas, según documentos internos generados por la Secretaría de la Defensa.
Chiapas es uno de los estados donde la violencia e inseguridad han aumentado durante los últimos años. El caso más reciente es el asesinato del sacerdote de San Cristóbal de las Casas, Marcelo Pérez, ocurrido el domingo 20 de octubre.
La entidad es el lugar donde la alianza del crimen organizado, con autoridades estatales y partidos políticos, ha ocasionado desplazamientos forzados de las víctimas de violencia.
En algunos medios de comunicación se explica que aparentemente hay una guerra civil disfrazadas se explica que desde hace varias semanas en el poblado zapatista 6 de octubre, el crimen organizado realizó bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y balaceras.
"La violencia había estallado hacía más de un año en las comunidades lacandonas, vecinas a la frontera con Guatemala, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió con el envío de guardias nacionales, que fueron meros espectadores. En Chiapas, el silencio institucional fue criminal", explicaron medios de comunicación.
La disputa se mantiene entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y facciones de ambos que se denominan Chiapas y Guatemala, junto con los militares quienes tomaron partido por alguno de los cárteles, según testimonios de los habitantes.
Los habitantes de Chiapas denuncian que han sido víctimas del despojo de sus tierras y las pocas propiedades que tienen.
Las advertencias contra esta comunidad se han intensificado con las amenazas de violar a las mujeres, quemar casas y robo de pertenencias, cosechas y animales.
En respuestas oportunas el gabinete de Seguridad del Gobierno de México en septiembre pasado en Tapachula, Chiapas un total de 26 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, que operaban en la costa y frontera de Chiapas, fueron detenidos en varios operativos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, informaron fuentes de seguridad.
El despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ocurrió la tarde del miércoles en varios inmuebles del municipio de Tonalá.
Fuentes de la SEDENA confirmaron que entre los detenidos está un jefe de plaza identificado como Jaime "G.P.", de 56 años de edad y originario de Durango, quien lideraba las operaciones criminales por toda la costa del Estado, desde la frontera con Guatemala hasta los límites con Oaxaca.
Durante la intervención de las fuerzas federales también fueron asegurados cinco camionetas y dos vehículos, entre ellos un taxi. Además distintas armas largas, cargadores, cartuchos y 12 mil 400 dosis de presunta cocaína.
Los detenidos fueron identificados como Eduardo "S.P.", Carlos "G.G.", Alan "O.C.", Jordán "L.H.", y Javier "N.G.", todos originarios de Chiapas.
Así como de Sinaloa: Heriberto "O.G.", Oscar "A.T.", Jesús "L.P.", Freddy "C.S.", y Luis "A.C.". Marcial "G.A.", de Veracruz; y Leonardo "G.G.", de Michoacán.
Además originarios de Durango: Enrique "V.M.", Santiago "V.G.", Cristian "V.E.", Martín "R.H.", Luis "V.E.", Manuel "V.R.", Robin "V.R.", César "V.O.", Faustino "L.C.", Fernando "D.O.", Luis "G.S.", Ronaldo "G.S.", y Azael "H.A."
De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, esta célula operaba el tráfico de drogas y migrantes desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, hasta los límites con Oaxaca.
Además, se le relaciona con distintos enfrentamientos en esa región del Estado, así como la desaparición de personas registrados en los municipios de Mapastepec, Tonalá, Pijijiapan, Arriaga, Tapachula, Huixtla, entre otros.
Todos los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República.
Andrés Gómez, ex candidato a la alcaldía de Tonalá por el Partido Chiapas Unido, negó que haya sido detenido junto con su esposa durante los operativos de las fuerzas federales como aseguraron algunos medios en redes sociales.
A través de un comunicado en su cuenta de Facebook, el político acusó que las publicaciones le causaron daños, sin embargo "estamos aquí, aclarando que de ninguna manera fuimos privados de nuestra libertad".
Agregó que "mi familia y yo nos encontramos a salvo y sin ningún problema legal".
Gómez reconoció el trabajo de las fuerzas armadas por brindar seguridad a la región.
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