Martín Aguilar
Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), fueron exhortadas por el Congreso de la Ciudad de México a investigar la violación al artículo 216 del Código Penal Federal, ante el hecho de que el paro de actividades del Poder Judicial en la capital del país, afectó a miles de personas que fueron privadas de acceder a una justicia pronta y expedita.
La mayoría de las personas representantes populares del recinto de Donceles y Allende estuvieron de acuerdo en hacerle el llamado a los dos organismos autónomos a efectuar una profunda investigación sobre el presunto delito cometido en el marco de la aprobación de la reforma judicial, por los jueces, magistrados y ministros, que se ausentaron de sus puestos de trabajo.
Al respecto, el congresista del PVEM, Víctor Gabriel Varela López, se refirió a la reforma constitucional al Poder Judicial, que tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica, promover la celeridad y el acceso a la justicia para la ciudadanía, además de proteger la integridad de jueces, magistrados y ministros encargados de impartir y aplicar justicia, así como establecer su elección a través del voto popular.
Recordó que esa modificación normativa originó un paro de actividades de las personas trabajadoras del Poder Judicial, que durante 70 días se ausentaron de sus labores en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, lo que violó el artículo 216 del Código Penal Federal.
"Este artículo encuadra perfectamente posibles delitos en que incurrieron los jueces y otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación al declararse en paro, además excluye del delito de coalición cuando abandonen sus puestos o llamen a no respetar una ley a los trabajadores sindicalizados que se vayan a huelga, en este", delineó.
A su vez, el legislador de Morena Fernando Zárate Salgado, al externar su apoyo a la proposición, sostuvo que se deben sancionar los delitos cometidos con el objetivo de boicotear las reformas constitucionales, además de velar porque haya un Estado de derecho que sea vigente.
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