Rebeca Marín
En la International Chamber of Commerce México (ICC México) respaldamos una reforma que promueva el acceso universal al servicio de Internet, pero subrayamos la importancia de hacerlo sin comprometer la neutralidad de competencia en el sector, porque consideramos indispensable que se brinden garantías claras a la industria para que puedan seguir participando de manera equitativa en el mercado, sin el riesgo de exclusiones o privilegios que, en última instancia, afectarían a los consumidores.
La reforma actual necesita un análisis exhaustivo para evitar comprometer principios fundamentales de competencia justa. Nos preocupa que la redefinición del rol de las empresas estatales en el sector de telecomunicaciones amenace la sostenibilidad de la industria, y ponga en riesgo las inversiones necesarias para garantizar la conectividad y la innovación que México requiere.
Principales preocupaciones:
1. Competencia en riesgo: Declarar el acceso a internet como una actividad estratégica podría excluir a otros operadores del mercado, beneficiando de manera desproporcionada al proveedor estatal y perjudicando en última instancia al consumidor final. Si bien la participación del Estado es legítima, esta debe ocurrir en condiciones de igualdad, sin subsidios o ventajas que distorsionen el mercado. La renovación tecnológica y la incorporación de avances como la inteligencia artificial requieren inversiones sustanciales y un entorno competitivo.
2. Inversión y modernización: La presencia de un proveedor estatal dominante, bajo condiciones preferenciales, desincentivaría la inversión privada en infraestructura, frenando el desarrollo tecnológico. Un mercado competitivo garantiza la innovación y la mejora constante de los servicios para los consumidores.
3. Distorsión del mercado: Si bien es crucial expandir la cobertura de internet, este objetivo no debe alcanzarse a costa de la libre competencia. Concentrar el poder en un solo proveedor estatal podría afectar negativamente la calidad y accesibilidad de los servicios.
4. Impacto en la calidad del servicio: La reducción de competencia podría traducirse en una menor calidad del servicio para los usuarios, ya que los incentivos para mejorar la eficiencia y la innovación se verían limitados en un mercado controlado por un único actor.
Además, es fundamental que las políticas públicas tengan como objetivo el acceso universal al internet pero manteniendo la competencia justa entre los actores del mercado. La neutralidad de competencia debe ser respetada, y no se deben otorgar ventajas artificiales a un proveedor estatal en detrimento de la competencia privada. Estudios recientes destacan la necesidad de regular bajo principios de competencia justa y alinearse con las mejores prácticas internacionales para fomentar un entorno innovador y eficiente (Cabello Ávila y Ochoa Moncisvais, 2024).
La reforma actual necesita un análisis exhaustivo para evitar comprometer principios fundamentales de competencia justa. Nos preocupa que la redefinición del rol de las empresas estatales en el sector de telecomunicaciones amenace la sostenibilidad de la industria, y ponga en riesgo las inversiones necesarias para garantizar la conectividad y la innovación que México requiere.
Principales preocupaciones:
1. Competencia en riesgo: Declarar el acceso a internet como una actividad estratégica podría excluir a otros operadores del mercado, beneficiando de manera desproporcionada al proveedor estatal y perjudicando en última instancia al consumidor final. Si bien la participación del Estado es legítima, esta debe ocurrir en condiciones de igualdad, sin subsidios o ventajas que distorsionen el mercado. La renovación tecnológica y la incorporación de avances como la inteligencia artificial requieren inversiones sustanciales y un entorno competitivo.
2. Inversión y modernización: La presencia de un proveedor estatal dominante, bajo condiciones preferenciales, desincentivaría la inversión privada en infraestructura, frenando el desarrollo tecnológico. Un mercado competitivo garantiza la innovación y la mejora constante de los servicios para los consumidores.
3. Distorsión del mercado: Si bien es crucial expandir la cobertura de internet, este objetivo no debe alcanzarse a costa de la libre competencia. Concentrar el poder en un solo proveedor estatal podría afectar negativamente la calidad y accesibilidad de los servicios.
4. Impacto en la calidad del servicio: La reducción de competencia podría traducirse en una menor calidad del servicio para los usuarios, ya que los incentivos para mejorar la eficiencia y la innovación se verían limitados en un mercado controlado por un único actor.
Además, es fundamental que las políticas públicas tengan como objetivo el acceso universal al internet pero manteniendo la competencia justa entre los actores del mercado. La neutralidad de competencia debe ser respetada, y no se deben otorgar ventajas artificiales a un proveedor estatal en detrimento de la competencia privada. Estudios recientes destacan la necesidad de regular bajo principios de competencia justa y alinearse con las mejores prácticas internacionales para fomentar un entorno innovador y eficiente (Cabello Ávila y Ochoa Moncisvais, 2024).
Propuestas:
• Competencia justa y acceso universal: La expansión del servicio de Internet debe realizarse bajo un esquema de competencia justa, en el que tanto el sector público como el privado puedan colaborar para mejorar la cobertura sin perder incentivos para innovar.
• Evaluación y monitoreo de la regulación: Es crucial establecer mecanismos de supervisión independientes para garantizar que la participación del Estado no altere el equilibrio competitivo. Estos monitoreos asegurarían que las reglas del mercado se respeten.
• Enfoque alineado con estándares internacionales: Las regulaciones deben basarse en buenas prácticas globales que fomenten la competencia, protejan la privacidad de los usuarios y promuevan la innovación.
En la International Chamber of Commerce México (ICC México) apoyamos el acceso universal al Internet, pero nos oponemos a cualquier medida que genere ventajas artificiales para el Estado y perjudique al consumidor final y a la competencia privada. El futuro de las telecomunicaciones en México debe construirse sobre la base de un mercado equilibrado que favorezca la innovación, la eficiencia y, en última instancia, beneficie a los consumidores. Solicitamos al Congreso que tome en cuenta estas consideraciones y consulte a los sectores interesados para asegurar una reforma justa y competitiva.
• Competencia justa y acceso universal: La expansión del servicio de Internet debe realizarse bajo un esquema de competencia justa, en el que tanto el sector público como el privado puedan colaborar para mejorar la cobertura sin perder incentivos para innovar.
• Evaluación y monitoreo de la regulación: Es crucial establecer mecanismos de supervisión independientes para garantizar que la participación del Estado no altere el equilibrio competitivo. Estos monitoreos asegurarían que las reglas del mercado se respeten.
• Enfoque alineado con estándares internacionales: Las regulaciones deben basarse en buenas prácticas globales que fomenten la competencia, protejan la privacidad de los usuarios y promuevan la innovación.
En la International Chamber of Commerce México (ICC México) apoyamos el acceso universal al Internet, pero nos oponemos a cualquier medida que genere ventajas artificiales para el Estado y perjudique al consumidor final y a la competencia privada. El futuro de las telecomunicaciones en México debe construirse sobre la base de un mercado equilibrado que favorezca la innovación, la eficiencia y, en última instancia, beneficie a los consumidores. Solicitamos al Congreso que tome en cuenta estas consideraciones y consulte a los sectores interesados para asegurar una reforma justa y competitiva.
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