La citada ley es obligatoria para todo el mundo, desde la Presidencia de la República, hasta la alcaldía más pequeña del país, donde cualquier persona que solicite información sobre algún tema tiene derecho a recibirla.
Por eso la legislación ordena a los titulares de la administración pública a integrar un Comité Técnico Interino de Administración de Documentos, que debe sesionar dos veces al año para decidir sobre los archivos de la dependencia a la que sirven.
A fin de realizar bien esa tarea, les ordena destinar el presupuesto necesario para ello, pero nadie lo hace por la sencilla razón de que la mayoría desconoce la existencia de esa obligación, que es de carácter federal, por lo que incluye a la Ciudad de México.
Se supone que una alcaldía, por ejemplo, debe clasificar y archivar todo lo referente a laudos, juicios mercantiles, personal administrativo, etcétera, por si alguna vez se requiere consultar esa información.
En la actualidad, si una persona acude a pedir el archivo de algún familiar que laboró ahí, por ejemplo, lo más probable es que el documento tenga que ser buscado entre viejas cajas de cartón, infestadas de roedores y llenas de telarañas, a ver si encuentran algo.
Esa ley no solamente es para el Poder Ejecutivo; alcanza también a los congresos, sindicatos y a cualquier organismo público o descentralizado que reciba dinero del erario.
Debe ser de flojera organizar, clasificar y armar un catálogo de todo lo que se hace en una dependencia, pero ésa es la ley y se tiene que cumplir.
¿A poco no sería interesante saber por qué y quiénes autorizaron los permisos de operación del Lobohombo y News Divine, antros donde murieron varias personas por no cumplir con las medidas de protección civil?
¿O por qué, cuándo, cómo y quién pagó la remodelación de la alcaldía Cuauhtémoc para que ahí viviera la exalcaldesa Sandra Cuevas, con una habitación habilitada como recámara para su juguete consentido?
O, simplemente para saber ¿cómo eran las colonias Roma y Condesa antes de ser invadidas por restaurantes y comercios? ¿O cómo era antes el área protegida del Ajusco que fue ocupada por desarrolladores para construir ahí el fraccionamiento Jardines de la Montaña, en Tlalpan?
Y así, toda ciudad tendría que mantener su historia, pero es algo que a nadie le interesa, a pesar de que la ley dice que toda nueva autoridad será responsable no sólo de archivar lo suyo, sino también de tener en orden lo de sus antecesores, pues para eso se firma el acta de entrega-recepción.
En lugar de andar exigiendo una disculpa a España, 500 años después de la Conquista, los diputados locales tendrían que armonizar esa ley, para evitar que se pierda la historia de la ciudad.
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