Los últimos nombramientos en materia de vivienda —una de las grandes apuestas de los gobiernos de la 4T para el sexenio—, confirman que el verdadero Cártel Inmobiliario del Bienestar, ha estado y estará al interior de Morena.
Pocos prestaron atención a que, entre las recientes nominaciones del gobierno federal, Rodrigo Chávez Contreras fue puesto al frente de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), organismo que maneja un millonario presupuesto para su operación.
El funcionario tiene un amplio historial como viviendero, pues en sus inicios se encargó de gestionar inmuebles para la histórica Asamblea de Barrios, organización que se fortaleció en los gobiernos del PRD.
Con ese partido fue diputado dos veces, hasta que en 2018 es nombrado coordinador ejecutivo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, donde organizaciones civiles lo acusaron de no justificar cerca de 200 millones de pesos del presupuesto.
También se le vinculó con diversas organizaciones promotoras de vivienda de Morena, como la Benita Galeana, identificada con el exjefe de Gobierno y hoy director del ISSSTE, Martí Batres.
Chávez Contreras fue acusado por supuesto conflicto de interés, pues agrupaciones civiles aseguraron que autorizaba contratos ilegales, además de privilegiar la entrega de viviendas a sus parientes, también políticos.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, de 2019 a julio de 2024, la Conavi ejecutó 460 mil 863 acciones habitacionales, por un monto de 34 mil 960 millones de pesos.
Nada mal para un sociólogo, sobre todo cuando el gobierno federal anunció la construcción de un millón de viviendas en el país, de las cuales la mitad estarán a cargo del Infonavit, y el resto se harán con presupuesto de organismos como el que dirige Rodrigo.
Pero a nivel local la 4T no canta mal las rancheras, pues Clarita Brugada quiere construir al menos 50 mil nuevas viviendas para renta, y por eso creó la nueva Secretaría de Vivienda de la CDMX, a donde llegó el exceuísta Inti Muñoz.
Al funcionario se la ha visto cerca de constructores privados, y además en sus tareas le ayudará la exdiputada local de Morena, Guadalupe Chávez Contreras —¡hermana de Rodrigo!—, quien será la coordinadora de Viviendas Habitacionales.
Y nadie quiere pensar qué pasaría si Martí lograra encajarle el diente al Fondo de Vivienda de los Trabajadores del ISSSTE, porque ahí se cerraría la pinza del verdadero negocio de la vivienda popular.
Se consolidaría el Cártel Inmobiliario del Bienestar, que, a diferencia del de Benito Juárez, es financiado con recursos públicos, utilizados para fortalecer su clientela política con los más pobres.
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