Martín Aguilar
Por parte del grupo parlamentario del PAN en el Congreso capitalino se impulsa una iniciativa a la que le dio el nombre de ley antichapulines en la CDMX, para hacer respetar la voluntad ciudadana y fortalecer la democracia, con el fin de que no se compren voluntades y evitar que una persona que haya sido elegida para representar a un partido decida por conveniencia irse a otro y respaldarlo en el Poder Legislativo, lo que sería sancionado con perder el cargo y quedar inhabilitado para un puesto público.
La responsable de formalizar la propuesta desde la tribuna del recinto de Donceles y Allende fue la diputada local panista, Claudia Montes de Oca del Olmo, quien delineó que se trata de blindar y hacer respetar la voluntad de quienes habitan en la metrópoli.
Explicó que con la iniciativa se busca sancionar a los representantes populares que, una vez electos, se cambien de partido como lo hizo al inicio de la actual III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México el representante popular Luis Alberto Chávez García que llegó por Acción Nacional y decidió pertenecer a la bancada de Morena, así como la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios que ganó las elecciones con el PRI y decidió salirse del partido para conformar la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente.
Y fundamentó: "los ciudadanos nos dan la confianza para que representemos con integridad y valentía los principios y propuestas del partido por el que fuimos electos; cambiar de instituto político una vez electos, es una traición a esa confianza".
Al presentar la denominada ley antichapulines en la CDMX, la congresista del blanquiazul dijo que la iniciativa prevé reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México, al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Orgánica del Congreso.
"Proponemos que cualquier diputado que, decida cambiar de partido político una vez electo, pierda su cargo y sea inhabilitado para desempeñar cualquier puesto público durante un periodo de entre 6 y 9 años", explicó.
Insistió que la propuesta "busca blindar y defender la voz de la ciudadanía que representan y fortalecer el sistema de contrapesos; un Poder Legislativo en el que los diputados puedan moverse de un lado a otro sin restricciones, es un Congreso vulnerable a la manipulación y puede ser fácilmente sometido a los intereses del Ejecutivo".
A su vez, el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, estimó que el fenómeno del "chapulineo" que lamentablemente se ha incrementado en los últimos años, es una práctica que "no solo implica traicionar a los partidos políticos que los propusieron en su momento sino, sobre todo, a los vecinos que votaron por estos chapulines pensando que en su momento representaban un proyecto político".
Comentó que se pretende no solo dar certeza a los ciudadanos sobre sus representantes sino también, evitar la compra de voluntades a través de acuerdos que se hacen en lo oscurito o a través de presiones del aparato oficial.
Señaló que coincide con Montes de Oca en el sentido de que llegó el momento de poner un alto al chapulineo y de garantizar que la política sea una cuestión de principios, no de intereses personales.
Los representantes populares panistas hicieron un llamado a dejar de premiar con impunidad a los chapulines y construir, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, una democracia representativa, fuerte y de principios.
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