Rebeca Marín
El Senado aprobó en comisiones, por unanimidad, el dictamen de reforma que eleva a rango constitucional la pensión para personas con discapacidad permanente y ampliar los derechos de adultos mayores.
La propuesta aprobada este lunes modifica los artículos 4 y 27 para asegurar una pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente y reducir la edad para que los adultos mayores accedan a una pensión.
La senadora morenista Andrea Chávez, presidenta de la Comisión de Bienestar, presentó el dictamen, el cual reducirá de 68 a 65 años la edad mínima para que los adultos mayores puedan recibir una pensión del Estado.
Además, establece una pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Chávez calificó la reforma como un "momento de profundo significado histórico y social" que refuerza el compromiso del Estado con los sectores vulnerables.
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"La reforma a los artículos 4º y 27 es un acto de justicia social y fraternidad," declaró Chávez, subrayando que el Estado mexicano ha priorizado la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Esta modificación beneficiará a los adultos mayores, a quienes se les garantiza una pensión y tranquilidad en su vejez, además de apoyar a los campesinos, agricultores y pescadores.
Uno de los puntos clave de la reforma es el derecho de todos los mexicanos a una vivienda digna, que incluya seguridad en la tenencia, servicios básicos, accesibilidad para personas con discapacidad, y que respete la identidad cultural de las comunidades del país.
Asimismo, el dictamen asegura que el Estado proveerá una pensión no contributiva para personas con discapacidad, y que la edad para recibir la pensión de bienestar se reducirá de 68 a 65 años.
Durante la discusión de la enmienda, el senador Ricardo Anaya, del PAN, reiteró su apoyo a la reforma y resaltó la importancia de garantizar los recursos necesarios para su implementación.
"Vamos a votar a favor de esta propuesta porque creemos en la eficacia de las transferencias directas como un acto de justicia," dijo.
Sin embargo, también manifestó preocupaciones sobre la solvencia presupuestaria de la política a largo plazo, señalando que es indispensable asegurar financiamiento suficiente para evitar que estos derechos queden en "letra muerta."
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, enfatizó la importancia de que los programas sociales sean imparciales y estén sujetos a una evaluación constante para medir su eficacia.
"Es fundamental que estos programas se administren con transparencia, sin tintes partidistas, para asegurar su legitimidad y eficacia," expresó, sugiriendo la revisión de las leyes secundarias para garantizar una operación justa de estos programas.
Desde el PRI, la senadora Anabell Ávalos recordó la importancia histórica de los programas sociales creados por su partido y destacó la necesidad de planeación, evaluación y seguimiento en estos nuevos programas de Bienestar.
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