De la Corresponsalía
Puebla. México-. - En la madrugada del miércoles 14 de agosto, Mario Marín Torres, conocido como 'El Gober Precioso', regresó a su domicilio tras ser liberado del penal de máxima seguridad del Altiplano. La decisión fue tomada por la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, quien determinó que los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva, permitiéndole continuar su proceso en arraigo domiciliario.
Marín, estuvo detenido desde el año 2021 y esta noche fue trasladado a su casa esposado y bajo estricta custodia de elementos de la Guardia Nacional. En imágenes captadas por medios locales, se le vio tranquilo y siguiendo las instrucciones de los oficiales, vistiendo una playera azul mientras era transportado en un vehículo oficial.
El exgobernador deberá portar un brazalete electrónico para monitorear sus movimientos y no podrá salir de su domicilio, ya que violar esta medida lo llevaría de nuevo a prisión. Además, se le retiraron su pasaporte y visa, impidiéndole salir del país.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión de la jueza durante su conferencia matutina, subrayando la necesidad de reformar el poder judicial para evitar que casos como este se repitan.
Marín enfrenta acusaciones de tortura contra la periodista Lydia Cacho, quien en 2005 denunció una red de explotación infantil en su libro "Los Demonios del Edén". La periodista ha expresado su descontento con la liberación del exgobernador y continúa luchando por justicia en su caso.
La jueza Ortuño Suárez permitió que Marín pagara una multa de 100 mil pesos para obtener su libertad condicional. Sin embargo, el exgobernador no podrá acercarse ni comunicarse con Lydia Cacho ni con los testigos del caso mientras continúan las investigaciones.
Este caso ha generado un amplio debate sobre la justicia en México y la protección de los derechos humanos, destacando la importancia de una reforma judicial que garantice la imparcialidad y la protección de las víctimas.
¿De qué se le acusa a Mario Marín?
Estos son los delitos que habría cometido "el gober precioso" contra Lydia Cacho:
La abogada de la periodista informó que el exgobernador poblano se encontraría en su casa tras el cambio de medida cautelar que le permitirá seguir su caso en prisión domiciliaria.
En días pasados se dio a conocer que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sería liberado trás permanecer tres años en el penal de El Altiplano, en el Estado de México, tras la determinación de una jueza federal.
El pasado sábado 10 de agosto, la periodista Lydia Cacho informó que la jueza Angélica del Carmen Ortuño Sánchez decidió que los delitos que se persiguen contra el exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ameritan prisión preventiva, por lo que podría seguir su proceso en libertad.
"En este momento estamos en audiencia, la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez nos ha dicho que va a liberar a #MarioMarín que no amerita prisión preventiva por su delito de tortura y protección de redes de trata infantil", explicó en su cuenta de X, antes Twitter.
La jueza permitió que el exgobernador pagara una multa de 100 mil pesos, con lo cual se podrá resguardar en su casa.
Lydia Cacho habló sobre el curso de su caso en contra de Mario Marín Torres en México.
Las investigaciones contra el exmandatario poblano iniciaron después de que publicó su libro «Los demonios del Edén», en el cual relató casos de pornografía y prostitución infantil en México en donde estuvieron involucrados políticos, empresarios y otros personas relevantes de la sociedad nacional.
No obstante, la participación del expriista inició cuando, en 2005, el empresario Kamel Nacif Borge interpuso una denuncia en contra de Cacho por presunta difamación tras la investigación publicada; sin embargo, un año más tarde, La Jornada hizo pública una grabación donde el entonces gobernador era felicitado por detener a la periodista, de ahí se le comenzó a conocer como el gober precioso.
Esta revelación causó indignación en la sociedad mexicana, tanto que el Revolucionario Institucional desconoció a Marín Torres como militante, además de que se solicitó su renuncia como gobernador, pero éste nunca cedió; no obstante, la Cámara de Diputados solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El máximo tribunal del país determinó que Mario Marín incurrió en violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al no respetar las garantías individuales —hoy conocidas como derechos humanos— de Lydia Cacho; sin embargo, el dictamen fue desestimado y el político continuó con su carrera.
Fue hasta abril de 2019 que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito, en Cancún, Quintana Roo, giró una orden de aprehensión contra el exgobernador por su presunta participación en el delito de tortura y abuso de autoridad, además, según comentó la comunicadora, protección de redes de trata. Marín Torres fue detenido el 3 de febrero de 2021 por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Penas por los delitos
Tortura
De acuerdo a lo que establece el articulo 16 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el servidor público que sea acusado de este delito se le podrá imponer prisión preventiva.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que la pena para este delito es de tres a 12 años de prisión, así como una multa de 200 a 500 días, además de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública.
Abuso de autoridad.
De acuerdo al artículo 125 del Código Penal Federal, se le impondrá entre uno a nueve años de prisión, así como de cincuenta a cuatros días de multa, además de destitución e inhabilitación de uno a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.
Protección de redes de trata
Con base en lo que establece el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, será sancionado con una pena de 15 a 30 años de prisión, así como de mil a 30 mil días de multa al que se beneficie de la explotación de una o más personas.
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