Diputados del PAN, PRI y PRD presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las reformas a las leyes de Amparo y Amnistía, por ser peligrosas para México.
Tras la publicación de las reformas a la ley de Amparo y de Amnistía, los legisladores dieron trámite a la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La reforma a la Ley de Amparo, aprobada por la mayoría oficialista, impide que los jueces suspendan los actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando afecten el interés de la sociedad.
Esto implica que el Amparo deja de ser una herramienta efectiva para defender los derechos de la ciudadanía. Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de Amparo deja de ser un medio efectivo de protección.
De acuerdo con el PRI, PAN y PRD, el que el juicio de Amparo deje de ser un medio efectivo de protección hace más difícil el acceso a la justicia para "los que menos tienen", pues la Ley garantizaba que cualquier suspensión que afectara sus derechos era aplicable a cualquier persona y con esta reforma deberán contratar a abogados especialistas cuyos servicios suelen ser altos.
Además, con la reforma se impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos, cuando éstos afecten los derechos humanos de la ciudadanía. La intención es clara, dar más poder al gobierno y quitarle a la ciudadanía los medios para protegerse frente al atropello de sus derechos.
Los diputados indicaron que el decreto reformatorio es contrario al artículo 17 de la Constitución que prevé el derecho a la tutela judicial efectiva, así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se consagran las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los derechos humanos.
"Esta reforma atenta contra los avances alcanzados en materia de protección de los derechos humanos por medio del Amparo, que se habían conseguido con la reforma del año 2011 y con los criterios judiciales que limitaron el principio de relatividad de la sentencia del Amparo. Con ello se restringe la utilización de todos los medios apropiados para salvaguardar la integridad de las personas", precisaron.
En cuanto a los cambios realizados a la Ley de Amnistía, señalaron que la medida viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, pues impediría que los Tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito.
La amnistía genera la impunidad e impide de forma definitiva que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos como el acceder a la verdad, a la justicia y la reparación.
Exigimos que se respeten los derechos de las víctimas, que se esclarezcan los hechos, que se fortalezca el estado de derecho y que se combata eficazmente la impunidad en nuestro país mediante justicia efectiva, y no selectiva.
Esta reforma, además proporciona a la autoridad una herramienta de persecución política, pues una de las condiciones del otorgamiento es señalar elementos que incriminen a alguna tercera persona. Los requisitos establecidos para acceder a la amnistía generan un incentivo para realizar actos de represalia política, incluso con falsedad de declaraciones.
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