En una sesión privada celebrada el jueves pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, por mayoría de nueve votos, aplazar la resolución de cualquier amparo pendiente relacionado con las reformas en materia de concesiones para minería y agua.
De acuerdo con la información de la ministra Batres Guadarrama, la Corte tomó esta decisión "para garantizar la seguridad jurídica" y "evitar la emisión de sentencias" en torno a las reformas de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Dado que éstas mantienen pendiente una acción de inconstitucionalidad en la SCJN, misma que aún no se resuelve.
El máximo tribunal adoptó esta medida tras conocer la resolución del 16 de febrero del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, que al resolver el amparo en revisión 483/2023, concedió un amparo contra las normas legales mencionadas.
Actualmente, en la SCJN se encuentra pendiente la resolución de la acción de inconstitucionalidad 129/2023, en la cual las y los ministros discutirán sobre la validez de las normas que regulan la explotación minera en todo el país.
La ministra Lenia Batres Guadarrama señaló mediante un comunicado:
"En tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad 129/2023 que permita determinar el criterio general de constitucionalidad que debe prevalecer sobre el Decreto referido (Ley Minera), debe aplazarse la emisión de resoluciones de fondo en los asuntos que conoce esta SCJN, Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito".
Con ello, esta determinación tomada por la mayoría de ministros aplaza cualquier resolución sobre el tema de concesiones mineras y de explotación de agua hasta que los ministros resuelvan la acción de inconstitucionalidad 129/2023.
El 8 de mayo del 2023 se hicieron oficiales las reformas a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en relación con las concesiones para minería y agua.
Para combatir estas nuevas disposiciones, diputados de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN que se turnó al ministro Alberto Pérez Dayán, aunque aún no se lleva al Pleno para su discusión.
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