Martín Aguilar
El Congreso capitalino emitió la Declaratoria de Vigencia y Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de la Ciudad de México, y dejó establecidos los plazos para su entrada en vigor.
Al respecto, en sesión de periodo extraordinario del Poder Legislativo local, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, expuso que este nuevo código significa un llamado histórico en la tradición jurídica nacional, que fortalece el vínculo de los poderes de la Unión.
Delineó que la impartición de justicia requiere la suma de esfuerzos y la ciudadanía puede confiar en que así será, ya que "la fortaleza de las personas juzgadoras y sus instituciones se fundamentan en sus ideales".
Mientras tanto, la presidenta de la Mesa Directiva del recinto de Donceles y Allende, la diputada del PAN Gabriela Salido Magos, efectuó la declaratoria de vigencia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México.
Hizo referencia a los plazos en que éste deberá entrar en vigor; en materia civil y familiar dijo que será del 1 de diciembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025. El Congreso, en coordinación con el Poder Judicial de la Ciudad de México, deberá armonizar la legislación local con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, antes de que comience a aplicarse.
La congresista panista afirmó que el Poder Judicial local contará con amplias facultades para llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para la implementación del código, especialmente las relacionadas con los sistemas de justicia digital y oral, de conformidad con las asignaciones presupuestales aprobadas para ese fin, en sus respectivos presupuestos de egresos del ejercicio fiscal correspondiente.
En los posicionamientos, el coordinador de la asociación parlamentaria Democrática Progresista, diputado Víctor Hugo Lobo Román, destacó que las disposiciones del nuevo código representan un cambio significativo para el derecho mexicano, al unificar las reglas procesales establecidas para las 32 entidades federativas, y modernizan el sistema de justicia de procedimientos civiles y familiares, al incluir principios innovadores como el interés superior de la niñez y juzgar con perspectiva de género y equidad.
A su vez, por la asociación parlamentaria Ciudadana, el legislador Carlos Joaquín Fernández Tinoco recordó que con esta declaratoria se pretende unificar los procedimientos judiciales bajo tres ejes que modifican criterios, simplifican trámites y brindan mayor transparencia, los cuales se traducen en beneficios a la población, por lo que al Congreso local le toca consolidar estos cambios.
El legislador Jorge Gaviño Ambriz, coordinador de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal, al referirse a la importancia de estos cambios históricos en el acceso a la justicia, argumentó que con esta aprobación se ponen en marcha, de forma gradual, procesos donde se privilegia la oralidad y se aprovecha la tecnología para lograr juicios más expeditos, abiertos y accesibles, para una impartición cercana a las personas; y resaltó que para su implementación se requiere capacitación y una importante labor legislativa.
De la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa consideró que este nuevo código impactará positivamente en la vida de la población de la capital y el país, al brindar seguridad jurídica a las entidades y contribuir a la cohesión social, estabilidad interinstitucional y desarrollo democrático de la sociedad.
"Asegura que nos acercamos a una nación donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su origen, su género o su condición socio económica", afirmó.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, su coordinador el diputado Javier Ramos Franco, estimó que la implementación de este código significa un gran avance para consolidar un sistema de justicia más robusto y cercano a la población.
Con la representación de la bancada del PT, su coordinadora la congresista Circe Camacho Bastida, aseguró que con esta reforma se unifican los procedimientos judiciales en materia civil y familiar a nivel nacional, se priorizará la justicia oral, el reconocimiento de la vulnerabilidad de las partes, y el uso de la justicia digital y alternativa.
Refirió que, para ello, el Congreso local deberá "dotar de los recursos necesarios para hacer efectivas las disposiciones del Código Nacional, así como para hacer los ajustes normativos correspondientes".
La vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, señaló que la declaratoria del código busca fortalecer, unificar y agilizar los procedimientos en materia civil y familiar, con el objetivo de otorgar mayor certeza para las personas que reclamen justicia.
Con la representación de la bancada del PRI, la congresista Guadalupe Barrón Hernández destacó que esta declaratoria impacta directamente en la vida de las personas, ya que las materias civiles y familiares están relacionadas con asuntos comunes y cotidianos, lo que da a la ciudadanía un potencial para proteger sus derechos y evitar hechos violentos.
El legislador del PAN Federico Chávez Semerena acotó que este nuevo marco legal ha sido un esfuerzo colectivo y colaborativo que refrenda el compromiso con la equidad y el desarrollo social, impulsando la eficiencia, simplicidad y transparencia en el acceso a la justicia, promoviendo medios alternativos de resolución de conflictos y una atención especial a grupos vulnerables, lo cual requiere una adaptación rápida de la ciudadanía y las personas que integran las instituciones.
Del grupo parlamentario de Morena, el congresista José Octavio Rivero Villaseñor aseguró que la justicia debe ser el valor supremo de todas las sociedades y el fundamento de toda acción del Estado, y que la homologación legislativa del sistema jurídico y sus procedimientos permite "robustecer, unificar y agilizar el tema de impartición de justicia en todo el país, y poder brindar a las y los ciudadanos una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos de orden civil y familiar".
0 Comentarios