Martín Aguilar
En el contexto de la realización de los Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia organizados por la UNAM, académicos de esta institución advierten que la creación de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial, debilitaría la independencia de este poder.
Lo anterior fue expuesto por diferentes académicos de la UNAM durante la Mesa Dos, Órgano de Administración Judicial, dónde la jefa del Sistema de Universidad Abierta y profesora de la Facultad de Derecho (FD), Irene Emilia Trejo Hernández, expuso que la propuesta de crear este órgano afectaría la independencia del sistema judicial.
Cabe recordar que la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial, busca la creación de un órgano que se encargaría de nombramientos y formación de jueces, de la creación de nuevas instancias jurisdiccionales y del manejo del presupuesto, separado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Entre las preocupaciones expuestas por los especialistas, se encuentran que los cinco integrantes del órgano serán propuestos por otros poderes: uno por el Senado, otro por el Ejecutivo y tres por la SCJ, sin que se especifique el perfil que deberían tener quienes lo conformen, lo que facilitaría que quienes los integren respondan a preferencias partidarias y políticas, alertaron.
Por su parte, Ulises Leonardo García Vázquez, profesor de la FES Acatlán, coincidió en que no se indica el perfil específico de los integrantes de este órgano y podría buscarse que lleguen quienes tengan afinidad política y no necesariamente la capacidad para juzgar objetivamente.
De igual forma, la moderadora de la Mesa, Anayelli García Peñaloza, jefa de la Licenciatura de Derecho de la FES Aragón, agregó que en el manejo del presupuesto se debe priorizar el fortalecimiento del sistema judicial, "pues actualmente hay cerca de 4.1 juzgadores por cada 100 mil habitantes, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda 18", expresó ante los asistentes al foro realizado en el auditorio de la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.
Por su parte, Eduardo Esquivel Jasso, profesor de la FES Aragón, remarcó que la carrera judicial y no otro mecanismo debe ser usado para aspirar a los cargos más importantes de la función jurisdiccional. "La preparación y la capacitación es el único camino para aspirar a ellos".
El también académico, pero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Josafat Cortez Salinas, explicó que la reforma propuesta es una "amenaza a la gobernanza de este Poder, a la administración de sus recursos materiales y humanos; además, trastoca y lastima su independencia porque le resta relevancia a la presidencia de la SCJN".
Ese órgano administrativo será débil porque no tendrá injerencia en la disciplina sobre los integrantes del Poder Judicial, facultad que se le transfiere al Tribunal. Se debe revisar la carrera judicial creada con base en la reforma de 1994, pues los concursos realizados no permitieron la participación de agentes externos para ser titular de órganos jurisdiccionales y existe el nepotismo.
En el mismo sentido se pronunció Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), quien indicó que este proyecto de reformas constitucionales no asegura la tutela efectiva hacia los derechos de las personas por parte de los jueces, si no se garantiza la buena administración, independencia, imparcialidad, defensa, técnica adecuada y el debido proceso, entre otros aspectos.
Mientras que, Rosa Carmen Rascón Gasca, secretaria Académica y profesora de la Facultad de Derecho, dijo que la propuesta de creación de ese órgano no ofrece garantía de profesionalización ni experiencia real y transparente. "Esperamos que, en su análisis, la Cámara de Diputados realice una labor digna y vea la importancia de esta actividad técnica especializada".
Otra de las preocupaciones que traería consigo esta propuesta es el exceso de jueces de consigna, que en palabras del profesor de la FES Acatlán, Mario Ernesto Rosales Betancourt, "quienes no se atreverían a ir en contra de lo que les pida el órgano de administración judicial, lo que implicaría el menoscabo paulatino de la capacidad de los ciudadanos de tener medios de defensa contra los abusos del poder del gobierno".
Resaltó que este órgano significaba la pérdida de la independencia de los juzgadores, pues el gobierno los tendría "agarrados por donde más duele: el aspecto económico".
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