La venta de documentación oficial apócrifa por internet se ha extendido en el país donde, de acuerdo con estimaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), existen más de 40 mil cuentas en redes sociales en Facebook, TikTok e Instagram que ofrecen desde recetas médicas y certificados de incapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 200 pesos, hasta cartas de trabajo por 300 pesos o certificados escolares de secundaria, preparatoria e incluso títulos universitarios por entre 250 y hasta cuatro mil pesos, dependiendo de la profesión deseada.
La falsificación de documentos se considera un delito cuando se cause algún perjuicio a la persona, al Estado o se intente obtener algún beneficio
"Te lo entrego en persona o si prefieres te lo mando por correo o WhatsApp y tu lo imprimes, también te lo puedo enviar por paquetería, es completamente seguro, estamos en Ciudad Juárez, pero entrego a toda la República", afirma una voz masculina por teléfono.
Se pudo contactar a un afectado, a través de una página en Facebook en la que ofrece sus servicios abiertamente para conseguir desde una receta médica del IMSS, cartas de antecedentes penales, hasta recibos de nómina y estados de cuenta bancarios.
"Si te interesa me mandas WhatsApp y te mando ejemplos, ya tengo tres años vendiendo, todo es por PDF, primero te mando un borrador para que lo cheques y si estas conforme haces la transferencia y te mando o te entrego el documento final, todos salen a tu nombre o al que necesites y con sellos oficiales", agrega.
"Necesito un certificado de incapacidad que me piden en mi trabajo, esos ¿cuántos cuestan?" —Se le preguntó—. "¡Ah! Esos te cuestan 200 pesos", respondió.
De acuerdo con el artículo 244, fracciones III, IV y VII del Código Penal Federal (CPF), la falsificación de documentos se considera un delito cuando se cause algún perjuicio a la persona, al Estado o se intente obtener algún beneficio. Tratándose de documentos privados, la pena puede llegar a ser de seis meses a siete años y medio de prisión y en el caso de documentos públicos va de cuatro a 12 años y una multa de entre 200 a 360 días de salario mínimo.
En la mayoría de los casos, según la FGR, los documentos apócrifos son identificados durante algún trámite público o ya sea por alguna denuncia, tras lo que se trata de verificar la autenticidad de este.
"La tecnología alcanzó al delito", afirma Armando González, abogado penalista. El experto explica que en el pasado, plazas como la de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Capital, era el mercado más grande para la falsificación de documentos, pero ahora las redes sociales han hecho proliferar este negocio ilícito.
"A partir de la pandemia por Covid-19, el comercio electrónico se ha convertido en una parte indispensable del mercado minorista global, ahora cualquier cosa se vende por internet. No por nada estamos hablando de un negocio que supera los cuatro mil millones de dólares al año", añadió González.
Otros documentos que se ofrecen por las redes sociales son recibos de luz, que regularmente son utilizados como comprobantes de domicilio en trámites o para solicitar empleo, actas de nacimiento y defunción, así como constancias fiscales y claves CURP.
La población migrante que cruza México para llegar a Estados Unidos es uno de los objetivos de estos falsificadores ya que les ofrecen comprobantes de estudios que les ayudan a buscar empleo o cédulas de identidad con los que intentan pasar como mexicanos.
"Personas migrantes que necesiten su certificado de primaria, secundaria o prepa solo para TRABAJAR información por mensaje privado", se lee en otra cuenta de Instagram.
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