Martín Aguilar
En la Ciudad de México, la Constitución Política reconoce a las personas en situación de calle –quienes habitan y sobreviven en las calles– como un grupo de atención prioritaria en función del reconocimiento de la discriminación múltiple y estructural de la que son víctimas.
De acuerdo a datos del 2017, se observa el incremento en la concentración de población en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, con un importante salto cuantitativo, "posiblemente como consecuencia del terremoto que hubo en ese año.
En la presentación del presentar el Informe Temático Derechos Humanos de las Personas en Situación de Calle de la Ciudad de México, el documento refiere, con datos del año citado, que había 4 352 personas en situación de calle; 1303 en la Cuauhtémoc, 1003 en Gustavo A Madero y 898, en Venustiano Carranza.
Así titular de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, explicó que los principales derechos que les son vulnerados: seguridad jurídica, relacionada con los procedimientos a los que son sometidos por autoridades y que, con frecuencia, generan daño en sus pertenencias o bien que les impulsan a desplazarse de zona sin mayor explicación o formalidad. En segundo lugar, le sigue el derecho a un nivel de vida adecuado; y en tercero, derecho a la salud.
Precisó que lo anterior se desprende de 2 mil 802 servicios registrados, del 1 de enero de 2015 al 31 de octubre de 2023, por este Organismo.
En ese mismo período, esta Comisión registró 595 expedientes de queja por posibles violaciones a derechos humanos en perjuicio de personas en situación de calle.
Parte de dichas quejas fueron presentadas por medidas consideradas arbitrarias sobre el cambio de dormitorio, la negación de entradas y salidas de los Centros de Asistencia Social (CAIS), así como por la falta de servicios médicos, calidad de la alimentación e higiene en estos Centros o aseguramiento de animales de compañía.
Al referirse al Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas que Viven en Situación de Calle en la Ciudad de México (2016) -cuya publicación fue resultado del cumplimiento de la Recomendación 7/2015 emitida por este Organismo-, expuso que se requieren mejoras y las autoridades responsables deben promoverlas.
Ramírez Hernández insistió en que la institucionalización de personas en situación de calle, entendida como el acceso a albergues, debe permanecer como un esquema de último recurso y temporal.
Recordó la Constitución local prohíbe llevar a cabo acciones de privación de la libertad, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra sin su autorización, con lo que busca desterrar las prácticas de segregación y anulación de la personalidad jurídica que históricamente ha operado en contra de las personas en situación de calle y que ha traído como consecuencia la invisibilización de dicho grupo poblacional.
En el texto se refiere que las personas que habitan la calle han sido nombradas "mendigas", "vagabundas", "indigentes" o "poblaciones callejeras", pero estos términos son incorrectos, en tanto que no reconocen que el habitar o pernoctar en la calle es una circunstancia, ni reconocen las diferencias que existen entre las personas en esa situación; no todas se encuentran en condiciones de mendicidad, no todas son nómadas, sino que, en muchos casos, pueden asentarse en un determinado espacio, y la pobreza extrema tampoco es la única condición.
Otras de las expresiones más comunes para referirse a dicho grupo poblacional son "personas sin casa" o "personas sin techo", pero sucede lo mismo que con los anteriores términos, la experiencia de habitar las calles no sólo corresponde a la falta de una vivienda, sino que atiende a una precarización acumulada de recursos materiales y comunitarios que representan una diferencia cuando se atraviesa por contextos de privación económica.
En tanto, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, destacó que desde el Poder Legislativo se tiene el reto institucional de garantizar sus derechos como grupo de atención prioritaria, establecido en la Constitución capitalina.
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