Martín Aguilar
La iniciativa de reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador propone eliminar de un plumazo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y repartir sus obligaciones en dos nuevos organismos: el Tribunal de Justicia Judicial y el Tribunal de Administración Judicial; además de proponer que jueces y ministros sean elegidos por voto popular.
De acuerdo con el documento de la iniciativa que se discutirá en el Poder Legislativo, estas modificaciones tienen como objetivo dotar de "verdadera independencia" a las instituciones encargadas de la impartición de justicia; así cómo acortar el "distanciamiento" entre los jueces y magistrados con los ciudadanos.
Respecto a la desaparición del Consejo de la Judicatura, tiene como fin, de acuerdo con la propuesta del presidente, garantizar la autonomía, independencia y especialidad técnica, así como desligar la función jurisdiccional de las tareas estrictamente administrativas que inciden en el nombramiento, adscripción y formación de jueces y magistrados.
En ese mismo tenor, la iniciativa mencionar que el Tribunal de Disciplina Judicial tendría facultades para recibir denuncias, investigar, sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa y sancionar a los funcionarios del Poder Judicial que no cumplan la Constitución y las leyes "o no rijan su actuación con honestidad, legalidad, probidad, independencia, objetividad, profesionalismo, lealtad y eficiencia".
Textualmente, la iniciativa presenta que se modificaría el párrafo segundo del artículo 94 constitucional para señalar que la administración del Poder Judicial de la Federación estaría a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal, podría estar a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.
Este Tribunal se conformaría por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional, el cual solo podría funcionar con el pleno de sus integrantes. Las sanciones que imponga el Tribunal de Disciplina Judicial cuando se acredite la comisión de conductas contrarias a la ley incluirían la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación.
De ser probada esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina podrá requerir información, llamar a comparecer a servidores públicos para sus investigaciones, así como presentar denuncias penales ante las autoridades competentes por la comisión u omisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito; así como también solicitar a la Cámara de Diputados el juicio político contra ministras y ministros de la SCJN.
Las resoluciones y sanciones impuestas por el Tribunal serían definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procederá juicio ni recurso alguno en contra de estas. Los integrantes de este órgano sancionador durarían en su encargo seis años, siendo sustituidos de manera escalonada y no podrán ser reelegidos.
Por otra parte, el Tribunal de Administración Judicial tendría a su cargo todo lo relacionado con la administración, vigilancia, carrera judicial y control interno del Poder Judicial; la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito.
Así como el ingreso, permanencia y separación del personal judicial, su formación, promoción y evaluación de desempeño; la fiscalización permanente de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial. El Tribunal de Administración Judicial tendría la facultad de determinar la especialización por materias de los órganos jurisdiccionales, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica.
Entre los otros temas propuestos por el Poder Ejecutivo para la reforma, está que los jueces y magistrados se sometan a proceso de elección popular, en la que incluyen debates, spots y campañas; con la prohibición de pagar por espacios en medios de comunicación para divulgar sus propuestas e imagen.
La iniciativa también propone que los casos relacionados con temas de impuestos deberán ser resueltos en menos de seis meses; así también cómo cumplir con el plazo constitucional de cuatro meses para resolver un caso penal.
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