Rebeca Marín
Durante 2022, cuando se realizó la consulta de revocación de mandato, Morena realizó la contratación de 2 mil 789 auxiliares, lo que representó un incremento inusual a su nómina, cuyas actividades no pudo justificar por un monto de 70.8 millones de pesos.
Además, el partido pagó honorarios asimilados a salarios por 74 millones de pesos, pero no presentó la documentación que respalde el motivo de los pagos.
En el proyecto de irregularidades detectadas en el informe de gastos e ingresos de Morena en 2022 se proponía una multa de 145 millones 869 mil 885 pesos, equivalente al monto total de las irregularidades que fueron clasificadas como gastos sin objeto partidista.
En 2022 se realizó la consulta ciudadana con motivo de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Archivo
Sin embargo, en el Consejo General se aprobó congelar dicha sanción, para abrir una investigación mediante un procedimiento oficioso, que podría extenderse por un máximo de cinco años.
La autoridad electoral detectó estas irregularidades en 13 estados, la mayoría gobernados por Morena y aliados a la 4T.
De acuerdo con el dictamen, Morena contrató a mil 742 auxiliares en Morelos por un monto de 50.3 millones de pesos; 617 más en Chiapas por 12.9 millones, y 430 en Hidalgo por 7.6 millones de pesos.
Es decir, un total de 2 mil 789 auxiliares para actividades del partido; sin embargo, no pudo comprobar al INE con qué objetivos fueron contratados ni las acciones que realizaron, por lo que fue contabilizado como gasto no partidista y por tanto, con una sanción.
Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2022, las contrataciones del partido aumentaron de forma inusual, ya que de registrar entre 240 a mil 57 adiciones, en ese periodo subió a más de 3 mil auxiliares contratados, según explicó el consejero Arturo Castillo.
"No hay razón alguna para pensar que las personas contratadas no cumplieron con un objeto partidista. Me parece que esta irregularidad estadística en el comportamiento de contrataciones del partido político sí puede dar inicio a un procedimiento oficioso para verificar si, efectivamente, estas personas realizaron actividades partidistas dentro del marco de la legalidad, o bien, fue solamente una coincidencia el hecho de que en ese momento se llevara a cabo el ejercicio de revocación de mandado; o bien, si efectivamente participaron en un ejercicio que tienen prohibido", expuso.
La jornada de votación de la revocación de mandato se realizó el 10 de abril, y en los meses previos se desplegó publicidad como espectaculares y volantes para promover el ejercicio, mayoritariamente en apoyo al presidente López Obrador.
El procedimiento oficioso se aprobó durante la discusión de los dictámenes con seis votos a favor, y en caso de comprobarse la irregularidad, Morena deberá pagar la sanción de 145 millones, o incluso más, si la autoridad halla nuevas inconsistencias.
El dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización señala que Morena no comprobó el uso de recursos en gastos que no estaban relacionados con actividades del partido, por lo que violenta lo dispuesto en la normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros señalados.
"Por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines", advirtió.
Los recursos asignados a los partidos para sus actividades ordinarias pueden destinarse a propaganda política para promover la participación de la ciudadanía, así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados.
También realizan actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales para promover su plataforma política.
La Unidad Técnica de Fiscalización también detectó pagos por honorarios asimilados a salarios en 10 estados, pero el partido no presentó la documentación necesaria para justificar el gasto de las actividades.
Las entidades involucradas por un monto de 74 millones 985 pesos son Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes, Coahuila, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.
Los estados que concentran el mayor monto son Veracruz, con 39 millones 969 mil pesos, y Chihuahua, con 30 millones 889 mil pesos por pagos de honorarios.
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