Rebeca Marín
De enero a septiembre pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) interpuso demandas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 22 servidores públicos de diversas áreas, incluyendo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Esto representó el doble frente a las denuncias que hizo en igual periodo de 2022. Con esto, suman un total de 393 servidores denunciados ante la FGR desde que comenzó la presente administración.
De la información más reciente de la Secretaría de Hacienda, con base en datos del SAT, destaca que acusó ante la fiscalía a un empleado de la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC) por remuneración ilícita.
Para la Secretaría de la Función Pública (SFP), se trata de un delito de corrupción que pueden cometer las personas servidoras públicas.
El catálogo de delitos de corrupción indica que un servidor público no puede percibir más dinero del que corresponde a su salario.
Cualquier retribución pública adicional no permitida debe ser sancionada, según la SFP. Quien no cumpla esta disposición, incurre en el delito de remuneración ilícita.
Además, que en el 2022 se registraron 15 funcionarios públicos del SAT con denuncia ante el Ministerio Público Federal, el dato más bajo desde que inició el "ABC Institucional". Las 15 personas tienen un total de 11 denuncias ante la Fiscalía, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del IV Trimestre de la autoridad.
Mientras que en el 2021 se contabilizaron 145 trabajadores con 121 denuncias y en el 2020 fueron 90 trabajadores para un total de 49 denuncias.
De la cifra del 2022, tres personas están denunciadas por presuntas prácticas de contrabando y otras tres por el presunto acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.
A los nueve restantes se les acusa de presuntos robos, delitos en relación al Registro Federal de Contribuyentes, impresión ilegal de comprobantes, entre otros.
Desde el 2019, el SAT ha instaurado el programa "ABC Institucional" que consiste en aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal, así como combatir la corrupción.
Así de 2020 al 2022, la FGR ha emitido resoluciones de sentencia contra 16 servidores públicos y se han emitido resoluciones hacía 18 contribuyentes con penas de 3 meses de prisión y sanciones que oscilan los 155,721 pesos hasta 444,720 pesos por concepto de reparación del daño.
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