Martín Aguilar
Transportistas advirtieron que bloquearán el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y harán en plantón indefinido por la expropiación de sus concesiones para entregarlas a particulares y por el inicio de operaciones de empresas fantasma, con la anuencia del gobierno capitalino.
En conferencia, Arturo Toscano, asesor jurídico de las rutas afectadas, pidió al Gobierno de la Ciudad llevar a cabo un diálogo público, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, para demostrar los actos ilícitos llevados a cabo.
Indicó que expondrán datos y pruebas que avalan las irregularidades y actos de corrupción de la Secretaría de Movilidad (Semovi), que encabeza Andrés Lajous, con las empresas que pretenden operar dichos corredores.
Los transportistas de las rutas de Culhuacanes, Azcapotzalco, Xochimilco y Águilas-Centenario, afirman que no son minoría como lo ha señalado la Semovi. Mostraron las pruebas en la que un pequeño grupo obtuvo, a través de desvío de recursos y empresas fantasmas, más de 61 millones de pesos para operar las rutas zonales, como el caso de los Culhuacanes.
Toscano explicó que piden a Andrés Lajous y a Martí Batres la realización de un diálogo público al que tengan acceso todos aquellos interesados en conocer las irregularidades respecto a la conformación de empresas zonales y "conozcan la realidad, no sólo a través de tarjetas con falsa información de Semovi".
Por su parte, Ignacio Hernández, presidente de ruta 84, dijo que tienen pruebas documentadas de la corrupción en la Secretaría de Movilidad, como el agregado de más placas inexistentes para la obtención de bonos de chatarrización.
"Nos dicen minorías, que todos ya están adentro, pero nunca dan una respuesta pública y abierta, por eso la convocatoria que se está habiendo aquí, es que tengamos un diálogo público y abierto; hay medios electrónicos que nos dan la capacidad de que se ventile esa discusión, pero de forma abierta y pública, con documéntales en mano que también se tienen", subrayó Hernández.
"Vamos a cerrar el Aeropuerto, y si seguimos sin tener respuesta del Gobierno, nos vamos a quedar a acampar, pues ya lo hicimos en 2006 cuando como transportistas apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en Reforma, porque estamos siendo pisoteados, como él fue pisoteado en esa ocasión".
Los transportistas señalaron con actas constitutivas y oficios de la propia Semovi que las empresas conformadas actúan bajo la ilegalidad, al no contar con una concesión y de iniciar operaciones este sábado, tendrían que ser enviadas al corralón, puesto que estarían violando la Ley de Movilidad.
Mónica Maya enfatizó que las rutas desplazadas por Semovi cuentan con amparos y denuncias penales -ya ratificadas- por lo que ahora piden a la Fiscalía Capitalina que investigue a los servidores públicos de esa dependencia que desviaron recursos del programa de chatarrización para la adquisición de autobuses.
Indicó que no sólo la Semovi, sino también líderes como Gabino Ortega, de una fracción de la ruta 57, han ejercido la corrupción, pues ha pedido hasta 650 mil pesos a otros concesionarios, para incluirlos en los proyectos que le entregó, de manera irregular, la dependencia que encabeza Lajous, a espaldas del Gobierno de la Ciudad.
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