Rebeca Marín
Esta semana el SAT y el presidente, Andrés Manuel López Obrador volvieron a la carga en contra del Poder Judicial de la Federación. Se lanzaron en contra de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) provenientes del calderonismo: Luis María Aguilar, quien tiene en su sala una serie de litigios fiscales por cerca de 55 mil millones de pesos que reclama el gobierno de la 4T.
Uno de estos casos tiene que ver presuntamente con el Grupo Elektra, del magnate Ricardo Salinas Pliego, contra el cual el gobierno de la 4T litiga el pago de 25 mil millones de pesos de créditos fiscales. El asunto está en mano del ministro Aguilar, junto con otros más que van a ser explosivos.
Son un total de 17 empresas que supuestamente adeudan más de 55 mil millones de pesos al SAT, según reveló esta semana el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla. Pero no todos los casos están estancados. En uno de ellos ya se dictó prisión preventiva contra uno de los socios de un grupo empresarial norteño por lavado de dinero, según información judicial a la que tuvo acceso esta columna.
El SAT, a cargo de Antonio Martínez Dagnino, inició una querella contra el Grupo Constructor Inmobiliario del Norte, una compañía que proporcionaba servicios de subcontratación de personal en Nuevo León, entre otras a tiendas de la cadena Soriana. Este martes se dictó prisión preventiva contra uno de los socios del grupo empresarial y se giró una orden de investigación contra otros cuatro involucrados, incluido el contador de las empresas. El delito imputado es lavado de dinero.
A este consorcio se le determinó un crédito fiscal por 23 mil 290 millones de pesos, con multas y recargos ya contabilizados, por concepto de contribuciones omitidas en los ejercicios fiscales de 2012, 2013, 2014 y 2015. La firma emprendió un juicio de nulidad que perdió en 2020, cuando los tribunales trabajaban por medio de juicios en línea y mientras apelaban en nuevas instancias por un amparo, la Fiscalía les inició una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al considerar que replicaron un modelo de contabilidad en varias empresas del grupo para "burlar" al fisco federal.
Este es uno de los asuntos más grandes que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La lógica de todos estos es que la violación a las leyes, códigos, controles y procedimientos fiscales por parte de los representantes del SAT rayan en el ámbito de la inconstitucionalidad, por lo que se busca la protección de los ministros ante actos de autoridad que llegan a violar los derechos fundamentales de los mexicanos.
Se asegura entre fiscalistas que juzgados y tribunales son víctimas de presiones y amenazas oficiales que terminan influyendo en decisiones que invariablemente son favorables a la autoridad, por ello la Corte es el último resquicio en el que se busca justicia ante el abuso.
Todos estos asuntos multimillonarios que ha litigado el SAT han recibido el apoyo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que preside Guillermo Valls Esponda.
En el último dique, el del máximo órgano de justicia del país, el gobierno del presidente López Obrador ha topado muchas veces con pared. La Corte ha bloqueado iniciativas como el Plan B de la Reforma Electoral o el traspaso total de la Guardia Nacional al Ejército. Más recientemente la distribución de los libros de texto por decisión del ministro Luis María Aguilar. Así que es una batalla grades ligas y de pronóstico reservado.
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