La calificadora Fitch Ratings aseveró que si el gobierno mexicano incrementa el apoyo que le brinda a Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta el punto de provocar mayores déficits y un aumento sostenido de la relación deuda pública/PIB, tendría un efecto crediticio negativo sobre el soberano.
"El gobierno mexicano continuará apoyando financieramente a Pemex, pero no garantizará totalmente la deuda de la empresa ni proporcionará una inyección de capital que mejore materialmente su posición financiera", alertó.
Datos de la petrolera señalan que desde 2019 y hasta el primer semestre de este año ha recibido apoyos del gobierno por 721 mil millones de pesos, los cuales se han destinado principalmente al pago de deuda y para la refinería Olmeca.
"Un apoyo adicional no sería necesariamente negativo desde el punto de vista crediticio. El impacto sobre el perfil crediticio soberano dependería de cómo el gobierno se acomode fiscalmente al apoyo adicional. Sin embargo, sería negativo para el crédito si el apoyo adicional da lugar a un cambio en las prioridades fiscales del gobierno", sostuvo.
Adicionalmente el gobierno redujo la tasa de Derecho de Utilidad Compartida (DUC), de 65 por ciento en 2019, a 40 por ciento en el presente año, lo que ha representado ahorros a la empresa por aproximadamente 416 mil millones de pesos.
Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones en Franklin Templeton México, explicó que las calificaciones de la deuda soberana de México ya incluyen los adeudos de Pemex como un pasivo contingente, pero continuar con la política actual implicaría aumentar aún más los apoyos, sin que necesariamente haya una retribución por parte de la empresa petrolera.
La calificadora recordó la rebaja de la calificación de Pemex a "B+" desde "BB-" en julio pasado, con observación negativa ante la debilidad de sus resultados operativos, las importantes necesidades de financiación y la creciente incertidumbre sobre la voluntad del gobierno de apoyar a la empresa.
En ese momento recordó que Pemex afronta una deuda internacional de cuatro mil 600 millones de dólares en 2023 y de 10 mil 900 millones para el próximo año. Consideró que la refinanciación de estos montos expondrá a la empresa a un mayor gasto por intereses que afectaría todavía más su flujo de caja.
"La imposibilidad de refinanciar la deuda de los mercados de capitales con instrumentos financieros similares u otros a largo plazo agravaría su riesgo de liquidez a finales de 2024. La resolución de estas cuestiones podría prolongarse más allá de seis meses", alertó.
Un mes antes, la evaluación de México fue confirmada en "BBB-" con perspectiva estable. Incluso, Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de Fitch, comentó en un evento el pasado 25 de julio que no esperaba un cambio por el caso de la petrolera.
Entre los factores que pudieran cambiar la calificación de México, dijo en su momento, están un debilitamiento en el crecimiento económico, un aumento de la deuda pública como porcentaje del PIB y un deterioro en la gobernanza podrían rebajar su evaluación.
En el informe, Fitch sostuvo que la calificación de México trata a Pemex como un pasivo contingente para el soberano y eso es un aspecto negativo.
"Aunque asumimos que el apoyo soberano a Pemex continuará, la legislación establece explícitamente que la deuda de Pemex no constituye una obligación garantizada por el gobierno y restringe al gobierno de garantizar la deuda".
Cabe recordar que Moody 's también hizo ajustes a su evaluación de Pemex, pues aunque ratificó su calificación en B1, modificó de estable a negativa su perspectiva.
Del mismo modo, hizo énfasis en que el apoyo del Gobierno de México será muy alto en 2023 y 2024 y, dado el panorama adverso de los fundamentos financieros subyacentes de la compañía ante una negativa por cambiar su modelo de negocio, a la próxima administración le resultará cada vez más difícil replicarlo.
"Esto se debe a que la perspectiva de una reducción del espacio fiscal en los próximos años restringiría la capacidad del soberano de brindar apoyo a niveles comparables a los registrados durante la administración saliente de Andrés Manuel López Obrador".
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