Pero es increíble la errónea interpretación del Artículo 6 constitucional.
Denunciaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "restringe de manera arbitraria y sin fundamento la libertad de expresión del Presidente".
Afirmaron que lo anterior obedeció a una "denuncia sustentada en hechos falsos y carentes de ética".
"Lamentamos que se haya llegado al extremo de registrar al Presidente de la República en un padrón de personas sancionadas".
El Artículo 6 de la Constitución, señala que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa".
Hasta ahí está claro, pero sus asesores y áreas de comunicación, no les aclararon a los 22 mandatarios que dicho precepto también incluye sanción a los excesos:
"En el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público".
Los 22 gobernantes ubican a López Obrador como víctima de "los grupos que representan la esencia del conservadurismo".
Pretenden hacerlo ver como "amordazado", cuando en realidad es todo lo opuesto.
Se les olvidó que López Obrador tiene la más envidiable plataforma informativa llamada conferencia matutina.
Todos los días la "mañanera" tiene una duración de entre dos horas y media y tres horas.
Se transmite a nivel nacional por canales de televisión y radio del gobierno, así como decenas de empresas informativas de carácter privado.
Además, su potencial de penetración incluye transmisiones streaming por YouTube, Facebook y X (antes Twitter).
No hay día en que en sus conferencias el Presidente difame, predique, acuse, censure, polarice, divida, condene, ataque, pontifique, cante, organice rifas y busque dar clases de periodismo.
Pinta un México donde prevalecen las condiciones sociales ideales, como lo plasma en su obra Utopía, Tomás Moro.
Pero además incurre en el exceso de denostar, reírse y burlarse de sus adversarios con actitudes por demás histriónicas.
La mañanera es un derecho privado de réplica para el Presidente. Sólo tienen acceso quienes él ordena, aunque haya orden judicial de por medio.
Ese es el Presidente al que se le limita su libertad de expresión, según la corta visión de los gobernadores morenitas.
Interpretan la Constitución a su conveniencia.
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