Martín Aguilar
La Fiscalía General de la República (FGR) busca apelar el amparo concedido por un juez federal para que el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, pueda continuar con su proceso de extradición en libertad, luego de seis años de permanecer preso en el penal de Tenango, en el Estado de México.
Hernández Flores es requerido por las autoridades de Estados Unidos, las cuales lo acusan de cometer los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude bancario y operar un negocio de navíos sin licencia, ectradición que ha sido retrasada mediante recursos legales desde 2018.
Hoy, en cambio, el juez Genaro Antonio Valerio Pinillos, titular del juezado Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, concedió el amparo para que el exmandatario recobre su libertad a pesar del "evidente riesgo de evasión" que denunció la FGR, situación que criticó la institución.
"En este caso, se vuelve a refrendar una conducta judicial inadmisible que deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país, con una garantía ilusoria, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos, sólo porque el juicio se ha extendido en razón de las dilaciones provocadas por el propio extraditable y quejoso en el amparo, y por dilaciones del mismo juzgador, que ahora las usa a su favor", acusó en un comunicado.
Para salir del penal de Tenango, el juez solicitó a Eugenio Hernández mostrar una fianza de cinco millones de pesos, de la cual realmente sólo tendría que pagar 500 mil pesos que le serían suficientes para recobrar su libertad.
Hasta este momento la Fiscalía comunicó que el exgobernador priista no ha reunido la cantidad solicitada, por lo que aún permanece en prisión, sin embargo, ante la probabilidad que pueda conseguirla, la institución ya prepara un recurso de revisión para analizar el fallo del juez Valerio Pinillos.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Eugenio Hernández habría cometido los delitos mencionados en complicidad con su cuñado. Ambos, señalan, crearon empresas fantasma para robar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas mediante contratos falsos estatales.
Derivado de ello, el exmandatario aperturó cuentas bancarias en Estados Unidos por un monto de 300 millones de pesos con la finalidad, aseguran, de depositar los fondos públicos robados mediante transacciones basadas en información falsa con la intención de lavar el dinero sustraído.
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