Rebeca Marín
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a la defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, de bloquear la posibilidad de celebrar un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht, en el que también está implicada su madre Gilda Margarita Austin.
La UIF reprochó en un comunicado que el equipo legal del exfuncionario, a cargo de Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, ha mostrado una "postura contradictoria" a la Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que ésta ha manifestado su intención de llegar a un acuerdo, mientras que la defensa promovió un amparo para desconocerla como parte ofendida.
Por ello, la UIF señaló que "la postura del Gobierno de México sería favorable a un acuerdo reparatorio si se dieran las condiciones procesales que en este momento están bloqueadas por la defensa y se definieran el monto y demás términos".
Antes de promover el recurso, Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros intentaron que el juez les concediera esto argumentando que desde su punto no podían ser catalogadas como víctimas de las acciones de su cliente, por lo que no querían caer en una irregularidad al llevar a cabo la reparación del daño ofrecida por más de 200 millones de pesos.
"Queremos definir quién debe de recibir los recursos para no caer en una irregularidad", dijo Ontiveros.
Sin embargo, Gerardo Genaro Alarcón López se los negó al estimar que si bien no se podía decir que la UIF y Pemex son víctimas, sí resultaron ofendidas de las acciones de Lozoya, por lo que desechó la demanda.
En otro asunto relacionado al caso, durante la madrugada de este viernes un juez de Control revocó la prisión domiciliaria a la que estaba sujeta Gilda Margarita Austin desde hace más de tres años, por su presunta responsabilidad en el caso Odebrecht.
En audiencia de casi 11 horas, el juez de Control concedió el cambio de medida cautelar a la defensa de la mujer de 74 años, la cual argumentó tener un significativo deterioro en su salud derivado del arraigo al que se encontraba sometida.
Ante la negativa de la Fiscalía General de la República para aceptar el cambio de la medida cautelar, pues según con la información en su poder, cuenta con los recursos económicos para sustraerse de la justicia, el juez le prohibió salir del país, contará con vigilancia domiciliaria y se le obligará a usar un brazalete electrónico.
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