Martín Aguilar
El trato a los migrantes extranjeros en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) es como de la que se les da a los presos en las cárceles: con vigilancia de personal de seguridad, se les priva de la libertad, se les revisa físicamente e incluso son blanco de correcciones disciplinarias por parte de los directores de esos lugares, dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su más reciente informe.
Las estaciones y las estancias provisionales para los migrantes extranjeros en nuestro país "no han cambiado, continúa un modelo carcelario en el que se mantiene a las personas en celdas con barrotes y bajo llave, sometidas a rutinas propias de centros de reinserción social, basado en un esquema de protección de la seguridad nacional en detrimento de la seguridad humana y de respeto a los derechos humanos".
El documento de 2019 refiere que si bien en México un indocumentado es acreedor a una falta administrativa el procedimiento que se sigue en su contra en los recintos migratorios "son similares a centros de reclusión", eso implica que hay "personal de seguridad, que reprohíbe el ingreso a aquellas personas que no cuentan con pase de visita, que se hará una revisión física de los asegurados y de los dormitorios, que el director de la estación migratoria puede aplicar correcciones disciplinarias".
El informe especial, "Situación de las estaciones migratorias en México, hacia un nuevo modelo alternativo a la detención", de la CNDH dio cuenta en ese año de la situación en 30 estaciones, previa a las oleadas más importantes de migrantes centroamericanos a nuestro país.
Ese documento detalla una situación que no ha cambiado y que ha sido materia de observación de diversos organismos internacionales como el que hace tres meses emitió la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) llamó al titular del INM, Francisco Garduño a atender el sobrecupo en los campamentos o espacios para los extranjeros que fueron expulsados de EU y se encontraban en los albergues de Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.
En la sesión del Consejo Ciudadano del pasado mes de diciembre, el representante de ACNUR, Giovanni Lepri, dijo que ante la presencia de migrantes la política de Título 42 de los Estados Unidos referente a la pandemia de Covid-19, urgió a Francisco Garduño a tener "campamentos o espacios porque los albergues tienen sobrecupo" y también pidió atender el flujo migratorio, así como que "las alternativas de detención sean eficientes", se desprende del acta de esa reunión.
Pero es en el informe especial de la CNDH de 2019 y dado a conocer en 2020 que se detalla la situación que enfrentan los migrantes en las estaciones.
Tras su internamiento en esas estaciones 66.9 por ciento señaló que sí le informaron los motivos de su detención, 57 por ciento sí conocía su derecho a un retorno asistido a su país, 41.6 por ciento tuvo información sobre la posibilidad de pedir refugio, 38 por ciento conocía la dirección de la estación migratoria y 35.4 por ciento recibió por escrito las reglas de operación del recinto migratorio.
Sólo el 8.2 por ciento de las personas encuestadas señalarpn que todo funcionaba bien en el recinto migratorio en el que se encontraban. Cuando se les preguntó por tres cosas que se debían mejorar señalaron la higiene, las instalaciones, los dormitorios, colchonetas y cobijas.
Entre ellos es poco factible conocer sus derechos, como el de recibir atención médica, la posibilidad de optar por un retorno asistido, hacer y recibir llamadas, tener alojamiento en condiciones dignas y el derecho a protección y asistencia consular.
"Los derechos menos conocidos son: el derecho a preservar la unidad familiar 48.9 por ciento, regularizar su estancia en México 49.3 por ciento, el derecho a obtener una visa por razones humanitarias 38 por ciento, el derecho a tener asistencia legal 37 por ciento y el derecho a contar con un traductor o intérprete 35.5 por ciento", explica el informe.
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