Rebeca Marín
Los inversionistas privados tienen hasta marzo de 2023 para presentar solicitudes de paneles de solución de controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ofrece un mayor nivel de protección frente al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Coyunturalmente, este lapso transitorio entre uno y otro acuerdo comercial se podría utilizar previsiblemente más para iniciar casos controversiales sobre ciertas políticas energéticas de México.
En general, hay dos formas por las que los agraviados pueden recurrir al proceso de solución de diferencias: Estado contra Estado, tal como lo hicieron Estados Unidos y Canadá contra México al iniciar el procedimiento que podría derivar en el levantamiento de un panel y que actualmente está en la etapa de consultas; e Inversionista contra Estado (ISDS, por su sigla en inglés), todavía sin ningún caso en curso por la misma inconformidad.
A principaios de noviembre, la Representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, pidió una solución rápida a la controversia en materia energética que inició su país contra México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Tai hizo ese pronunciamiento en su primera reunión con la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, en forma virtual.
El 20 de julio de 2022, Estados Unidos solicitó consultas con México bajo el capítulo de Solución de Controversias del T-MEC, argumentando que varias políticas energéticas de México violan a este acuerdo, favorecen a Pemex y la CFE y afectan negativamente a las empresas estadounidenses que operan en México y a la energía producida en Estados Unidos.
Por ahora, los inversionistas privados están a la espera del curso que está tomando la controversia Estado-Estado, o si se llega a un acuerdo entre las partes en la etapa de consultas.
La oportunidad de presentar una reclamación a arbitraje bajo el régimen del TLCAN expira tres años después de la terminación del TLCAN.
El T-MEC reemplazó al TLCAN el 1 de julio de 2020. Por tanto, los inversores deberían presentar sus reclamaciones antes del 30 de junio de 2023.
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