La Barriada/Martín Aguilar/En todas partes se cuecen habas


Aunque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y Morena en el Congreso capitalino han cacareado que se castigue al llamado Cartel Inmobiliario hasta las últimas consecuencias, donde ex funcionarios y algunos diputados del PAN han estado involucrados por actos de corrupción.

Los morenos no se quedan atrás y más tratándose que en ese partido ha permeado más la corrupción varias veces, luego que integrantes de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, demandaron conocer el estatus sobre la sanción o posible inhabilitación en contra de Raymundo Martínez Vite, ex alcalde de Tláhuac, iniciado en 2020 y 2021 por vecinos de la demarcación, quienes en su momento acusaron delitos por desvío de recursos, negligencia y abandono de funciones del morenista, en el último año de su gestión.

 

El diputado panista Federico Döring Casar, recordó que en la I Legislatura del Congreso, el entonces responsable de la demarcación subestimó los llamados a rendir cuentas por parte de la Comisión de Transparencia del órgano deliberativo, que en ese momento encabezaba el militante de Morena Carlos Castillo Pérez.

 

A la demanda de que el titular de Secretaría de la Contraloría General de la administración local Juan José Serrano Mendoza aplique la sanción correspondiente, que a decir de Döring es promovida a petición de habitantes de Tláhuac y de Acción Nacional, se sumó el diputado federal de ese partido, Jorge Triana Tena, quien expuso que el caso de Vite debe es un ejemplo de corrupción al máximo, porque saqueó a la alcaldía durante la pandemia a casusa del Covid-19, con sobrecostos en insumos de higiene personal, así como la ejecución de obras que nunca se concluyeron como el Corredor Cultural Selene y el Deportivo San José.

 

"No olvidemos que la Contraloría deberá de indagar la obra de reconstrucción del mercado en San Juan Ixtayopan, licitado en 3.7 millones de pesos y al final, costó casi 11 millones de pesos", refirió el representante popular que formó parte de la I Legislatura local.

 

Mientras tanto, el diputado del blanquiazul Luis Alberto Chávez García, respaldó la solicitud de comparecencia del contralor Juan José Serrano ante el pleno del Congreso citadino, porque entre otros muchos temas, debe explicar por qué no ha actuado en contra de Martínez Vite, quien se encuentra refugiado en la Secretaría de Gobierno con su titular Martí Batres Guadarrama.

 

"Aquí está el PAN, aquí está la oposición para recordarle al contralor Serrano que tiene muchos pendientes en su escritorio y debe perseguir a los alcaldes de Morena porque son los corruptos y no deben tener protección de la 4T", declaro.

 

No olvidemos que Martínez Vite entre otras varias irregularidades autorizó la compra de medicinas con un sobrecosto de más del 200 por ciento.

 

Lo anterior fue en contra de las normas locales que indican que todas las adquisiciones públicas se deben hacer procurando las mejores condiciones para la administración gubernamental.

 

Es importante mencionar que el morenista enfrentó múltiples acusaciones de corrupción de 2018 a abril de 2021, lapso que estuvo en el cargo.

 

Esta no es la primera vez que la gestión de Martínez Vite pagó precios excesivos en medicamentos o insumos de salud, en 2020, durante la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19, también lo hizo.

 

En abril de 2021, la demarcación territorial adjudicó por invitación restringida el contrato 021/2021 a Jesús Alberto Amaya Cruz para la adquisición de medicamentos y material de curación, consta en la información sobre las adquisiciones de la alcaldía que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

 

Aunque en ese momento Martínez Vite ya no era alcalde de Tláhuac, el contrato menciona que fue él quien autorizó la compra antes de pedir licencia para buscar un cargo público en el proceso electoral pasado, mismo que no consiguió.

 

Mientras que el monto que se acordó como pago fueron 322 mil 851 pesos por la compra de 34 diferentes tipos de materiales.

 

Sin embargo, al menos 9 insumos, el 26 por ciento del total, fueron adquiridos con un sobreprecio que en algunos casos superó el 200 por ciento.


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