Martín Aguilar
Con la última "alerta sanitaria máxima" que emitió el gobierno federal en contra de los vapeadores en México, organizaciones civiles y empresas de este giro se lanzaron en contra de la administración federal y solicitaron reconsiderar la medida y entablar mesas de trabajo para discutir la regulación de estos dispositivos.
Juan José Cirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, lamentó que mientras autoridades de países como Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia ya están en la etapa de utilizar a los vaporizadores en sus políticas públicas para combatir el tabaquismo, el gobierno mexicano sigue estancado en dogmas y desinformación.
Aseguró que la alerta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) representa un desatino total, pues aborda un tema de salud con fines políticos, utiliza información parcial; fomenta el "terrorismo judicial y administrativo" en contra de los proveedores formales de los dispositivos, así como alentará el mercado negro en el territorio nacional.
La alerta es una medida arbitraria y mentirosa, porque soslaya el fallo de la Suprema Corte que ya avaló la venta de vaporizadores. Esto confunde a la población y, por otro, dará elementos a las autoridades sanitarias del país para ejecutar un terrorismo judicial y administrativo en contra de comerciantes formales.
Aún cuando el 19 de octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional la prohibición para distribuir y comercializar vaporizadores, la Cofepris y la Secretaría de Gobernación (Segob) anunciaron al inicio de este 2022 que se "fortalecieron las acciones de vigilancia, así como se incrementó el número de visitas de verificación y aseguramiento de dispositivos".
Raúl Riquelme, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), reconoció que en México existe una tendencia a compartir "fundamentos absolutistas" en contra de la regulación, los cuales no están basados en evidencia científica sino en posiciones políticas.
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Es necesario analizar, cuestionar y evaluar la información que ha permitido a países desarrollados posicionar a las alternativas de consumo de nicotina como apoyo a sus políticas contra el tabaquismo; sumado a que los usuarios merecen información sin sesgo político. Afirmó el empresario.
De acuerdo con las organizaciones civiles, el subsecretario de la Secretaría de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell, es quien ha impulsado la guerra contra los vapeadores desde el gobierno federal, pues aseguran que desde el año pasado, el funcionario federal fue el primero en advertir los riegos a la salud que genera el consumo de cigarrillos electrónicos.
Mientras el Congreso debatía una reforma para el control del tabaco, López-Gatell se reunió con los integrantes de Morena para pedirles que regularan y restringieran completamente la importación de vapeadores a nuestro país. Afirmaron.
De esta manera surgió una iniciativa desde la bancada de Morena para prohibir la importación y exportación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y cualquier sistema alternativo para el consumo de nicotina, misma que sorteó todos los trámites legislativos, aprobándose en ambas Cámaras el pasado 27 de abril.
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