Martín Aguilar
Con sesiones que rebasaron apenas las 8 horas en promedio, inasistencias y acusaciones, el Senado de la República entró en receso. Los múltiples pendientes que arrastra la Cámara alta generaron un rezago de trabajo en dependencias federales, órganos de justicia estatal y hasta organismos autónomos en el país, que enfrentan problemas en su operación ante el pobre desempeño de los legisladores federales.
El ritmo de trabajo de los 128 senadores se quedó corto y no fue suficiente para sacar adelante más de 50 nombramientos que se tienen que dar como, por ejemplo, 18 magistrados electorales locales, dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y temas que han generado polémica como reformas a códigos penales de estados para reducir el nivel de impunidad que existe debido a que se clasifican mal los feminicidios.
Consultados por Publimetro, los grupos parlamentarios de Morena, PRD, PRI y PAN afirmaron que debido al alto nivel de trabajo que tuvieron en el periodo ordinario fue imposible sacar los nombramientos de los 18 magistrados de tribunales electorales de 17 estados de la República, pues el dictamen de elegibilidad lo presentó la Comisión de Justicia apenas en octubre del año pasado luego de que se entrevistaran a 248 candidatos, por lo que la revisión de la documentación de los perfiles aún no concluye.
Y es que no se logró desahogar en ese periodo de sesiones que finalizó el 15 de diciembre pasado y tampoco en el que culminó el 28 de abril, pese a que son los magistrados que van a calificar las elecciones de gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales en 2024. De ahí la importancia de acelerar este proceso de elección.
El problema se proyecta que escale, ya que se requiere mayoría calificada y Morena no ha logrado conseguir los votos de la oposición. El dictamen tiene meses en la Junta de Coordinación Política, que preside el morenista Ricardo Monreal, quien ha tratado de negociar, sin éxito, con el bloque de PAN, PRI, MC y PRD. Menos ahora con el cierre de filas que han hecho las fuerzas políticas de oposición ante las reformas a vapor que ha revelado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de los cinco consejeros pendientes de la fiscalía general de la República (FGR), ni siquiera se ha lanzado la convocatoria de inscripción de candidatos. Adicional a ello se le suma la negativa de los legisladores para entrar de lleno a la discusión de las reformas que sancionen conductas machistas entre servidores públicas, acoso y se homologuen los criterios en los gobiernos estatales para que se determinen los feminicidios. Asimismo, la regularización de la mariguana se ha quedado en el tintero, pese a la presión de organizaciones civiles y colectivos que piden dar celeridad a este tema.
Tras el megapuente de Semana Santa que tomó la Cámara alta, los senadores únicamente abordaron — en tiempo récord — la discusión de la reforma eléctrica y la Ley Minera; sin embargo, se negaron a desahogar los nombramientos de los dos comisionados del INAI, esto a pesar de que el 31 de marzo concluyeron su mandato Óscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey Chepov como miembros del pleno de este organismo autónomo.
Solo se permitieron votar y aprobar el dictamen por el que se ratificó el nombramiento de Carlos Miguel Aysa González como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Dominicana. Esto luego de que su hijo fuera expulsado del PRI tras pronunciarse a favor de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.
Entre los principales temas que se quedaron por tocar fueron prohibir de manera expresa que los usos y costumbres de los pueblos indígenas incluyan el matrimonio de adultos con niñas menores de edad, castigar con 21 años a quien agreda con ácidos a una pareja o expareja; encarcelar hasta cinco años a quien acose sexualmente a una persona e inhabilitar a los servidores públicos que acosen a subalternas, entre los más importantes.
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