Martín Aguilar
Debido a que la carpeta de investigación en su contra no se ha judicializado y, por lo tanto, no se le ha causado molestia, la ministra Norma Lucía Piña propondrá negar un amparo a Alberto Elías Beltrán, exencargado del despacho en la última etapa de la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía.
El exfuncionario presentó el recurso de amparo, con el objetivo de tener acceso a la investigación que abrió la FGR en su contra, al vincularlo en el delito de enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones en contra de Elías Beltrán se derivaron de la detención de su cuñado, Oswaldo Kuchle López, en Estados Unidos, en 2010, acusado del delito de fraude.
Entre octubre de 2017 y noviembre de 2018, Elías Beltrán fue designado como encargado del despacho de la PGR, sin recibir oficialmente la titularidad de la dependencia.
Posteriormente, se filtró que, al iniciar la presente administración, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició un procedimiento administrativo en contra del exencargado del despacho de la PGR.
Fueron detectados aumentos injustificados en el patrimonio de Elías Beltrán, al desempeñarse como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la dependencia.
La nueva administración de la UIF, entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, solicitó y le fue otorgada una orden para revisar los movimientos financieros de Elías Beltrán, de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado, Oswaldo, lo que derivó a la apertura de una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
Elías Beltrán solicitó un amparo para tener acceso al expediente, petición que fue negada por un Juez Federal y ratificada por un Tribunal Colegiado en Materia de Amparo, por lo que el afectado solicitó la revisión, por lo que el caso llegó a la Corte.
La revisión fue turnada a la ponencia de la ministra Piña Hernández, quien en su proyecto plantea negar el amparo al exencargado de la PGR, basándose en que el expediente no ha sido judicializado y, por lo tanto, no se ha hay ningún acto de molestia en contra del exfuncionario, y de lo contrario se puede afectar el sentido de la investigación.
"Fuera de esos casos debía prevalecer el sigilo o reserva de la información, como una medida adecuada y necesaria para asegurar el éxito de la investigación, por tratarse de una cuestión de orden público", se plantea en la resolución que será votada en la sesión de la Primera Sala del próximo miércoles 18 de mayo.
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