SUS "CLIENTES" VENDEDORES DE LAS CALLES DE REPÚBLICA DE NICARAGUA, DE BOLIVIA, DE ARGENTINA, DE GUATEMALA, PEÑA Y PEÑA Y MANUEL DOBLADO.
A pesar de que se ha denunciado continuamente los actos de extorsión, y amedrentamiento por parte de los diversos cuerpos de seguridad de la Ciudad de México en contra de los comerciantes en el espacio público, hoy por hoy los vendedores son víctimas del abuso institucional y de la discriminación por parte de integrantes de la Policía de Investigación pertenecientes a la Fiscalía capitalina que comanda Ernestina Godoy.
Lo anterior se debe, dijo la diputada del tricolor Silvia Sánchez Barrios "dada la falta de una reglamentación adecuada para dotarlos de derechos y obligaciones, sacándolos del área gris que les permite ser víctimas del crimen organizado y de la extorsión de las propias instituciones que deberían velar por sus derechos, como está siendo en esta ocasión".
Asimismo, agregó "por lo menos 300 comerciantes del centro histórico denuncian con carpeta de investigación C1-F1DCSP/B/U1-B-2 C/D/01902/05-2022 que están siendo extorsionados desde el miércoles 18 de mayo por parte de elementos de la Policía de Investigación (PDI), cuerpo adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin órdenes u oficios que justifiquen estar siendo investigados por la comisión de un delito.
Estos elementos exigen desde dos mil a 20 mil pesos mensuales por no incautar la mercancía de los vendedores y remitirlos al Ministerio Público, bajo cargos de violación de derechos del autor y comercio ilegal, por lo cual estos trabajadores han denunciado, y manifestado afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que no se les quite su única fuente de ingreso y subsistencia.
Las personas que se han acercado a los comerciantes incluso han mostrado la placa que los acredita como trabajadores de la ya mencionada institución, cuando se han presentado en calles como República de Nicaragua, República de Bolivia, República de Argentina, República de Guatemala, Peña y Peña y Manuel Doblado. El argumento para llevar a cabo estas acciones es la investigación de violaciones a los derechos de autor.
Lo más preocupante es que al levantar la denuncia, los propios extorsionadores regresaron a señalar a los comerciantes que "le van a tener que entrar no importa cuántas denuncias hagan", evidenciando la posible conexión con las instituciones de procuración de justicia, que deben velar por los más desprotegidos.
Debido a lo anterior presentó el día de ayer en Tribuna del Congreso de la Ciudad de México un PUNTO DE ACUERDO en el cual el Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso exhorto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que se investigue, y en su caso, sancione a los culpables por el posible delito de extorsión por parte de presuntos elementos de la Policía de Investigación en contra de comerciantes del espacio público del Centro Histórico de la Ciudad de México.
La denuncia fue avalada por los integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias quienes votaron en cuanto a que dicho punto de acuerdo sea DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
"No hay que olvidar, finalizó Sánchez Barrios que "el comercio popular en el espacio público no debe ser criminalizado, ni impedido al ser la fuente de ingreso de una gran cantidad de personas, mucho menos si solo se les niega su fuente de subsistencia sin brindarles alternativas válidas y dignas. La estigmatización no puede mantenerse, vulnerando los derechos de los ciudadanos, sumiéndoles en una situación de abuso de las autoridades y dejándolos a merced del crimen organizado.
Las afectaciones que sufren las víctimas de este delito no solo son económicas, sino que también hay afectaciones psicológicas que se vuelven un problema cuando generan aislamiento social y desconfianza en las instituciones y los servidores que las representan".
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