Rebeca Marín
Integrantes de la cooperativa La Cruz Azul hicieron un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, para terminar con actos de corrupción entre jueces y magistrados en los juicios que llevan.
En conferencia de prensa, aseguraron que varios socios disputan la dirección y administración de todas las empresas del grupo Cruz Azul, que incluyen el equipo de futbol, fábricas de cemento, hoteles, centros comerciales, centros educativos y centros médicos.
En esos bienes e inmuebles se facturan al año más de 22 mil millones de pesos.
El abogado José Luis García Miranda, acompañado por Homero Tapia García, Alberto López Morales, Joel Vázquez Dolores y el penalista Sergio Arturo Ramírez Muñoz evidenciaron el actuar ilegítimo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Señalaron que éste ha sido utilizado para favorecer intereses particulares a la disidencia que encabeza Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, quienes a través de un aparato de abogados han obtenido determinaciones judiciales contrarias a derecho.
Señalaron que el juez sexagésimo civil de la Ciudad de México emitió una resolución contraria a derecho, pasando por alto suspensiones de amparo en donde se ordena el aseguramiento del expediente referente al juicio mercantil 439/2020, en el que se ventilaba la nulidad de una asamblea celebrada en fecha 26 de agosto de 2020.
"Hacemos un llamado al presidente del tribunal Rafael Guerra Álvarez para efecto de que intervenga de forma inmediata y revise la actuación de sus jueces y magistrados quienes están al servicio de dos personajes que han dilapidado a la empresa", expuso el abogado.
"Hacemos un llamado también al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y hacemos un llamado también al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que voltee a ver a la clase trabajadora, a los socios, quienes únicamente están pidiendo que se les respeten sus derechos", señaló José Luis García.
Por su parte, el jurista Sergio Arturo Ramírez confió en que las autoridades realizarán un buen trabajo y darán justicia a todas las familias de la cooperativa La Cruz Azul.
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"Confiamos en el gobierno, confiamos en las autoridades y llevaremos a cabo, dentro de la materia penal, en la indagatoria correspondiente, cualquier acción que sea necesaria y tendenciosa por parte de la autoridad para determinar si existe o no participación en contubernio con las autoridades para llevar a cabo una acción ilegal en contra de la cooperativa".
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