Martín Aguilar
México y Estados Unidos iniciaron acciones para enfrentar un desafío común: el tráfico de armamento en la frontera compartida. Esta semana, arrancó formalmente el Grupo Binacional contra Tráfico de Armas del Entendimiento Bicentenario, con la participación de funcionarios de alto nivel de los gobiernos de ambos países.
En la reunión bilateral, se acordó agilizar la judicialización de casos, aumentar las extradiciones, fortalecer los operativos fronterizos espejo, trabajar en conjunto para modernizar la tecnología de inspección y aumentar el intercambio de información balística y de inteligencia.
Ambas delegaciones acordaron robustecer la cooperación para aumentar los costos para los traficantes de armas. "Los que trafican armas van a pagar en los dos países", señaló el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
En una declaración posterior, insistió: "El gobierno de Estados Unidos está comprometido a frenar el flujo ilegal de armas, drogas y personas a través de la frontera que compartimos con México".
Por ello, expuso algunos ejemplos de esfuerzos por llevar a los traficantes de armas ante la justicia, como el caso de David Acosta Rosales, quien en septiembre se declaró culpable de dirigir una conspiración para obtener y contrabandear a México rifles de alta potencia y otras armas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por parte de México, el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, señaló: "La instrucción de la secretaria Rosa Icela Rodríguez es que mandemos un mensaje simple: los traficantes de armas enfrentarán mayores costos por sus acciones ilícitas en México y los Estados Unidos".
Los dos gobiernos establecieron el Grupo Binacional, que incluye a instituciones de seguridad y procuración de justicia, para incrementar las confiscaciones de armas y municiones en ambos lados de la frontera.
Algunos de los objetivos son impedir que lleguen a venderse de manera ilegal en territorio mexicano y llevar ante la justicia a los traficantes, para reducir el flujo ilícito y generar un factor para la construcción de paz y el combate al crimen organizado en ambos países.
El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco, enfatizó: "El objetivo estratégico de la cooperación binacional obedece a una métrica clara: el número de confiscaciones de armas, sobre todo de alto calibre, tiene que aumentar de manera significativa en los dos países".
El fiscal general asistente adjunto de Estados Unidos, Bruce Swartz, aplaudió la cooperación bilateral con un enfoque fundado en inteligencia.
Afirmó que este ya está resultando en más traficantes de armas ilícitas encarcelados, particularmente los que trafican armas de carácter militar para los cárteles, y en un mejor entendimiento de un mercado negro transnacional.
La reunión se da en medio de la demanda de México contra productores y distribuidores de armas en Estados Unidos, en la que se sostiene que el tráfico ilícito está teniendo un impacto en los homicidios en el país. Al reducir este flujo, se espera que los índices de violencia se bajen.
Apenas el 14 de enero pasado, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, fue reconocido como Persona del Año por la Arms Control Association, por "el enfoque novedoso al combate del tráfico ilegal de armas" presente en la demanda contra productores y distribuidores de armas estadounidenses.
Daryl G. Kimball, director ejecutivo de la asociación, afirmó: "La demanda de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en contra de empresas productoras de armas de fuego representa una importante y novedosa forma de hacer responsables a actores fuera de la ley por su papel en la violencia que ocasiona el tráfico de armas de fuego a través de fronteras internacionales".
Hasta ahora, la estrategia de combate al tráfico de armas, provenientes principalmente de Estados Unidos, se había concentrado en acciones gubernamentales de control y la sanción de consumidores que desafían las leyes que regulan al sector, en tanto que la actual estrategia de la Cancillería busca que las empresas se hagan responsables de evitar que sus productos sean traficados a México.
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