Martín Aguilar
Con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, compareció ante la Cámara de Diputados, donde afirmó que en los últimos tres años "se han dejado atrás las incursiones reactivas y se ha dado paso a las acciones de inteligencia, sinónimo de la política de abrazos no balazos".
"Este gobierno no afecta a la población civil. 'Abrazos, no balazos' nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes", afirmó la secretaria de Seguridad.
En su exposición, Rodríguez Velázquez señaló que en tres años, a través de acciones coordinadas entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Guardia Nacional se han detenido a 2 mil 553 criminales, de los cuales 879 pertenecían a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Santa Rosa de Lima, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Viagras.
Aseguró que por instrucción del presidente se fortaleció la estrategia de seguridad en 50 municipios, que concentran el 50% de la incidencia de homicidios dolosos, y que a tres meses de esta intervención "tenemos una reducción de este delito del 2.2% con relación al año anterior", y se fortaleció la coordinación con fiscalías para avanzar en la judicialización de carpetas de investigación.
La secretaria anunció también que se ha atendido la violencia feminicida y los delitos que vulneran a niñas, niños y adolescentes con acciones de la Guardia Nacional, mediante un área especializada.
Durante la comparecencia, el diputado Román Cifuentes, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que la estrategia de la actual administración en materia de seguridad representa una causa de dolor y muerte para las familias que padecen los efectos del crimen organizado, y que "parece más estar fundada en ocurrencias y caprichos".
Indicó que, a su parecer, la militarización no ha sido la solución a los problemas de violencia, y sostuvo que su grupo parlamentario dará la lucha para proteger los derechos y seguridad de los mexicanos, y señaló que "hoy ya no se puede evocar al pasado, porque los malos datos de este gobierno superan a las administraciones pasadas".
Por su parte, María de Jesús Aguirre, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que diversas regiones del país exigen paz y tranquilidad, por lo que su grupo parlamentario ve con preocupación el debilitamiento de las policías municipales y estatales.
Agustín Basave, de Movimiento Ciudadano, externó su convicción de que la crisis de seguridad requiere de cooperación urgente, y coincidió en que no se puede recuperar la paz "sin el fortalecimiento de las policías municipales".
En respuesta a los señalamientos, el diputado Juan Isaías Bertín, de Morena, defendió que el reto en materia de seguridad que tiene el país es consecuencia de la corrupción que se dio en pasadas administraciones, y que hoy "la historia tiene otro sentido", pues las problemáticas que conllevan a la violencia "son atacadas desde la raíz".
En tanto la diputada Marisela Garduño del Partido del Trabajo señaló que en lo que corresponde all ámbito federal, el gobierno y el poder legislativo han respondido a la exigencia ciudadana, y destacó que para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 se aprobó un incremento a la SSCP con el fin de que haya más recursos para construir cuarteles para la Guardia Nacional.
"Que hay reclamos, es cierto; que hay cosas qué mejorar, también; como también es verdad que nos dejaron este país enfrentando altísimos niveles de delincuencia, incluso en donde las propias instituciones encargadas de combatir el crimen estaban al servicio de grandes capos, dejando desprotegido al pueblo", concluyó.
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