Luego que la semana pasada, el dirigente del Nuevo Grupo de Comercios Ambulantes Democráticos del Centro Histórico, Mayolo Juan Martínez, señaló que los trabajadores no asalariados del Centro Histórico están preocupados por esta nueva iniciativa, ya que con esto les restringe al acceso a vender en la vía pública.
Esto a raíz de la iniciativa de Morena, que ha causado polémica en el Senado de la República debido a que busca prohibir el comercio informal en el país, esto pese a que la mayoría de la población que no tiene un trabajo fijo, logra subsistir gracias a él.
Ante esto, representantes de comerciantes del espacio público, quienes sostienen que defenderán su derecho al trabajo, dijeron que hay un contra de nosotros, los comerciantes del espacio público, no sólo en la Ciudad de México sino en todo el país, desde el Senado de la República, en voz de la morenista María Soledad Luévano quieren borrarnos de un plumazo, a pesar de que aportamos el 23 por ciento del Producto Interno Bruto y quienes hacemos el trabajo del Estado el cual consiste en generar empleos".
Indicaron que cifras oficiales dejan en claro que el comercio en el espacio público aporta más del 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, que de cada 100 pesos generados, 24 provienen del 58 por ciento de empleos informales, y 76 pesos del 42 por ciento que representan los trabajadores formales.
Asimismo, quieren desaparecer a más de 22.6 millones de personas que se dedican a esta actividad en todo el país, de ese gran total en la Ciudad de México más de dos millones realizan este trabajo de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)".
Lo anterior fue señalado por Omar Figueroa Olivares del Estado de Querétaro y José M. Almanza del Estado de México, quienes el martes 28 del presente mes estarán acompañados también por Hilda Partida Díaz de Jalisco, y Esperanza Alcántara del Movimiento por los Derechos Constitucionales del Comercio Popular y de los no Asalariados (MODECCOS 20 30 A.C) entre otros en el Senado de la República.
El objetivo, de acuerdo a los ofendidos, es entablar un diálogo con la promovente de la ley y en caso de no llegar a acuerdo se llevarán a cabo manifestaciones y plantones en las principales ciudades de los 32 estados.
Esperanza Alcántara de MODECCOS, organización que está presente en las 16 alcaldías y que aglutina a más de 80 organizaciones, dejó en claro lo siguiente: "la iniciativa de ley que propone la Senadora por Morena, María Soledad Lúevano, para desaparecernos, establece que quienes vendan en el espacio público deberán registrarse en un padrón para contar con espacios formales, y de no hacerlo les retirarán su mercancía y los multarán".
Entonces, dice la dirigente, "esa ley nos preocupa por ser violatoria de los Derechos Humanos, además nos estigmatiza y criminaliza.
¿Acaso la representante popular no se da cuenta de que estamos en crisis alimentaria por la pandemia y falta de empleos?
Además, dejó en claro, que "el comercio popular es y ha sido siempre una válvula de escape y esta actividad comercial ha mantenido a flote la economía mexicana pues somos generadores de trabajos".
Por lo anterior solicitaron a la Senadora una mesa de diálogo en la cual las organizaciones de la sociedad civil participemos en la creación de una ley con perspectiva de derechos humanos y que garantice nuestros derechos constitucionales".
Por su parte la dirigente de comerciantes en el Centro Histórico, Alejandra Barrios, comentó "esta iniciativa que propone la Senadora María Soledad Lúevano atenta contra el sustento, la vida del ser humano, en contra de los mexicanos quienes a toda costa tratan de sobrevivir durante esta pandemia sin tener un empleo formal.
"El tiempo que lleva esta enfermedad los comerciantes en el espacio público hemos sido olvidados, nadie nos ha tendido la mano, pero eso sí quieren desaparecernos violando todo derecho humano al trabajo ¿pero a ella que le preocupa?
Tiene asegurado su sueldo, agregó, por cierto, del erario federal, quincena tras quincena le llegan sus centavitos, así como diversas prestaciones, jodidos nosotros que no somos dignos de un préstamo de ninguna índole, y muchos menos que se nos ayude para vivienda de interés social.
Finalmente, dijo, "el comercio popular es una válvula de escape ante la falta de empleos los cuales debería generar el gobierno federal y local.
No a la violación de nuestros derechos humanos, no a la represión, si al diálogo y acuerdos", que así como va las cosas, lo más seguro es que dicha iniciativa, no se pruebe en el pleno y termine en un bote de basura.
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