Dueños de restaurantes acusados de proteger migrantes en EEUU
*Fiscales federales de Missouri han acusado a 19 dueños y gerentes de restaurantes de montar una organización delictiva para emplear inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Lino Calderón
En un hecho inaudito y discriminativo Fiscales federales de Missouri han acusado a 19 dueños y gerentes de restaurantes —residentes la mayoría en Missouri, Kansas y Oklahoma— de montar una organización delictiva para emplear inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Las acusaciones fueron dadas a conocer el miércoles incluyen fraude, asociación ilícita para el lavado de dinero y uso ilegal de números del seguro social. Agentes del departamento de Seguridad Nacional allanaron 10 locales en Missouri, Kansas y Oklahoma, y arrestaron a 14 de los 19 acusados.
En un escandaloso operativo agentes del departamento de Seguridad Nacional allanaron 10 locales en Missouri, Kansas y Oklahoma, y arrestaron a 14 de los 19 acusados.
Quedaron implicados en el caso 45 restaurantes mexicanos en varios estados que utilizaron los servicios de la agencia de empleos Specialty Foods Distribution, con sede en Joplin, Missouri, y otra filial. Según los fiscales, a lo largo de casi 20 años la empresa proveyó a los restaurantes de personas no autorizadas a trabajar en Estados Unidos.
El acta de acusación identifica a José Luis Bravo, de Claremore, Oklahoma, dueño de Specialty Foods Distribution, como cabecilla de la operación. Los intentos de contactar a Bravo a través de su empresa el jueves por la mañana resultaron infructuosos, lo mismo que el intento de dejarle un mensaje de voz.
El operativo judicial comenzó a partir de una investigación del Departamento de Trabajo de Kansas sobre las condiciones de empleo en el negocio Bravos Mexican Grill en Overland Park, Kansas, según los fiscales.
Bravo y otros están acusados de proveer documentación falsa a los empleados y enviar esa información a las agencias estatales y federales. También se los acusa de ayudar a organizar el cruce ilegal de la frontera méxico-estadounidense por los migrantes para que trabajen en los restaurantes.
El empresario José Luis Bravo tiene acusaciones de crimen organizado por contratar migrantes indocumentados para trabajar en una cadena de restaurantes en el medio Oeste de Estados Unidos.
Días después Agentes federales detuvieron a Bravo y se encuentra bajo custodia de los US Marshals al tener acusaciones por ser líder de una "empresa delictiva organizada" que hizo arreglos para traer a indocumentados de México y Centroamérica y contratarlos.
Se contrató a los indocumentados para trabajar en una cadena de restaurantes mexicanos a cambio de un pago mínimo.
La Fiscalía decidió encasillar este caso como una violación a la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como RICO por sus siglas en inglés.
Esta permite procesar a los líderes de un grupo delictivo como parte de una conspiración.
Debido a ello, Bravo de 51 años, enfrenta 17 cargos criminales por los cuales podría recibir una condena de hasta 128 años de prisión y deberá pagar una multa de 2.5 millones de dólares.
José Luis Bravo es dueño de la empresa Specialty Food Distribution que distribuye alimentos y suministros para restaurantes.
Contrataba mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos, no les pagana el sueldo mínimo, ni las horas extra y evadía impuestos estatales y federales.
Para que no lo descubrieran daba alojamiento y transporte a los trabajadores y les ayudaban a tramitar documentos falsos.
Además, Bravo tenía un grupo de restaurantes registrado como 'Bravos Group' que incluyen negocios como El Charro, El Carrito, Playa Azul, Cantina Bravo y El Chango.
Varios de estos lugares emplearon a inmigrantes indocumentados incluso después de las inspecciones del Servicio de inmigración y Aduanas (ICE).
Investigación
Los fiscales identificaron 45 restaurantes que recibieron bienes y servicios de Specialty Food Distribution.
Además de otra empresa llamada Intel Solutions que se creó tras inspecciones federales que verificaron que varios empleados no tenían permisos de trabajo.
Hasta el momento las autoridades han detenido a 14 de los 19 acusados y todos enfrentan una serie de cargos incluyendo crimen organizado, lavado de dinero y fraude.
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