Rebeca Marín
La falta de amparos otorgados ha provocado que otras empresas decidan no presentarlo.
Hace unas semanas se dio a conocer que varias empresas han presentado amparos contra la reforma al outsourcing. Al 15 de junio, 135 compañías han presentado la medida; entre las más importantes se encuentran PepsiCo, Sumesa, Siemens, Comercial Mexicana y Mary Kay Services. Además, hay varias pequeñas y medianas empresas dedicadas a la subcontratación.
La presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), Nora Idalia Flores, dijo en mayo que la diferencia entre los tiempos de entrada en vigor para la IP y el gobierno federal podrían causar amparos. Hay que recordar que para el gobierno federal, la entrada en vigor es en 2022; en cambio, quedan menos de 60 días para la IP.
Por otro lado, Ricardo Mendoza, director legal de Despacho Pérez Góngora y Asociados, dijo que la reforma tiene vicios de inconstitucionalidad que podrían generar amparos.
Sin embargo, muchos de los amparos presentados no han sido admitidos. Esto se debe a que los jueces laborales dicen que se trata de un tema administrativo; por el otro lado, los jueces administrativos dicen que es un tema laboral.
Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, explicó que tanto juzgados laborales como administrativos dicen no tener competencia para resolver estos amparos:
"Hay casos de empresas que ya presentaron demandas de amparo y lo que está sucediendo en muchos casos es que por la vía laboral, el juez laboral se ha declarado incompetente para resolver y lo pasa a un Juzgado Administrativo. Entonces el juez administrativo también se declara incompetente y lo regresa e incluso hay casos en los que tiene que entrar a un Juzgado de Distrito para que se asigne un juez. No están entrando al caso".
Esto ha provocado que las empresas dejen de presentar amparos. De acuerdo con el especialista, la falta de acción de la autoridad se suma al costo del proceso legal; en algunos casos pueden superar los 10 millones de pesos. Por último, Leñero advirtió que las empresas que no presenten amparos podrían seguir con la subcontratación ilegal y en la informalidad.
Abogados involucrados en los amparos han dicho que el objetivo no es eliminar la reforma, sino ganar tiempo para hacer los cambios necesarios.
Lorenia Atondo, socia del despacho Reynoso y Atondo Abogados, dijo que las empresas si quieren formar parte del nuevo esquema; sin embargo, dijo que es imposible hacerlo en el tiempo que se otorgó.
Así, la idea es que las empresas amparadas puedan seguir operando mientras terminan sus procesos de nómina e inscripción al REPSE.
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