Rebeca Marín
La diputada María de los Ángeles Huerta, integrante de la Comisión Permanente del Congreso, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera investigue los movimientos financieros de la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, principalmente aquellos recursos que tengan que ver con fines electorales.
Esa organización ha sido blanco de señalamientos por parte del presidente López Obrador, que ha insinuado que la MCCI recibe fondos del gobierno de Estados Unidos, y a quien considera adversario de su gobierno, inclusive los ha llamado mexicanos en favor de la corrupción.
Lo que está pidiendo la diputada de Morena en un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, es que la UIF, en uso de sus facultades y atribuciones, investigue y presente un informe sobre las operaciones inusuales y relevantes, así como cualquier movimiento financiero que haya sido utilizado la MCCI para fines electorales.
Además, Ángeles Huerta del Río también está exigiendo al Sistema de Administración Tributaria (SAT), realice auditorías a Mexicanos Contra a Corrupción, a efecto de determinar si cumplieron en todos sus términos con las disposiciones fiscales vigentes.
"La esencia de las organizaciones de la sociedad civil es conjuntarse para un beneficio social colectivo. En el caso de Mexicanos Contra la Corrupción no hay un claro beneficio social en sus actividades, por el contrario, se tiene un ánimo de lucro, evasión de impuestos, y de defensa de privilegios y corrupción de las empresas que son sus donatarias. Sin importar que su presidente sea o no Claudio X González, esa asociación conserva el espíritu de corrupción y búsqueda de beneficios personales, sobre la colectividad''.
Es por estas consideraciones, dice la legisladora, que el pasado 6 de mayo el gobierno de México emitió una Nota Diplomática a los Estados Unidos, para que considere suspender el apoyo financiero que proporciona a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Terminan diciendo la morenista que es ilegal utilizar financiamiento de un país extranjero para procesos electorales, así como utilizar las figuras de las asociaciones civiles para evadir el pago de impuestos; así como desviar los recursos de las asociaciones para fines personales y en contra de la sociedad.
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