Rebeca Marín
Ante las reformas en el sector energético y de telecomunicaciones, consideradas como "violatorias" de la Constitución por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ese organismo propondrá un observatorio para que los legisladores cumplan con la protección de la Carta Magna.
José Medina Mora Icaza, presidente del organismo del sector privado, señaló que los diputados y senadores deben proteger lo establecido en la Carta Magna, pues juraron hacer cumplir la ley.
Comentó que la Coparmex trabaja para fortalecer su papel como el contrapeso que contribuya al avance de la democracia y a la defensa del Estado de derecho y de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Banco de México (BdeM).
Indicó que, una vez concluya el periodo electoral, Coparmex propondrá la creación de un Observatorio de la Constitución y se exigirá a los legisladores que ejerzan su compromiso de cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.
"Tenemos que defender las libertades, la libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de educar, la libertad de elegir, tan importante en estos momentos electorales", dijo.
Destacó que el sector patronal debe defender el estado de derecho, pues consideró que "la primera trasgresión" a la Constitución ocurrió con la aprobación a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), pues indicó que atenta contra la libre competencia y concurrencia, incumple los compromisos adquiridos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y el Acuerdo de París.
"Nos preocupa que se haya aprobado la Ley de Hidrocarburos que también atenta contra la Constitución. Afortunadamente en estos dos casos hubo jueces que primero suspendieron temporalmente, ahora de manera definitiva, estas dos leyes", resaltó.
"Nos preocupa que el Senado de la República, en un viernes en la noche, pase un transitorio que le da dos años adicionales al Ministro Presidente de la Corte", agregó.
Mencionó que "es una violación expresa a la Constitución", pues establece que el ministro presidente dura cuatro años, por lo que la acción tendrá también implicaciones graves en la división de los Poderes de la Unión.
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